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Expectativas ciudadanas para el 2017

En este año que comienza es importante visualizar algunos de los principales aspectos que dentro del ámbito institucional se van a presentar en el país, sobre los cuales numerosos ciudadanos esperamos que los gobernantes y tomadores de decisión actúen en función de los intereses de la sociedad y no de sus intereses particulares.
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El 2016 terminó con grandes problemas que ahora son desafíos que deberían empezar a resolverse, tales como: altos niveles de violencia, pobreza, desempleo, elevado endeudamiento público, crisis en las finanzas públicas, falta de crecimiento y competitividad, un clima de inversión adverso que no brinda confianza, ataques contra la Sala de lo Constitucional, retrasos en elecciones de segundo grado de funcionarios, polarización y ausencia de diálogo efectivo, entre otros.

No obstante lo anterior y a pesar de las dificultades, la buena noticia es que no todo está mal sino que hay aspectos que cabe destacar, ya que en el año pasado se pudo ver que una parte importante de la institucionalidad está dando señales positivas de que está funcionando de forma adecuada, tal como se ha visto con la Fiscalía General de la República, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Sala de lo Constitucional y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Esto es significativo, pues amplios sectores de la sociedad han venido exigiendo que las instituciones deben funcionar bien.

El 2017 se visualiza complejo por ser año preelectoral, ya que en marzo de 2018 se celebrarán elecciones de diputados y concejos municipales y estamos ante el riesgo de que por dicha coyuntura las decisiones que se tomen principalmente en el Gobierno, Asamblea Legislativa y gobiernos locales se hagan pensando únicamente en los votos, y que cualquier decisión que sea necesaria pero que sea difícil y que pueda acarrear algún costo político no se adopte o se decida mal, lo cual sería un error y llevaría a complicar más los problemas serios que tenemos. Asimismo, ojalá que el Tribunal Supremo Electoral evite y sancione las acostumbradas campañas electorales adelantadas que violan los plazos establecidos en la Constitución.

En este año se deberá elegir a funcionarios que forman parte de las instituciones que velan por la transparencia y la lucha contra la corrupción, como magistrados de la Corte de Cuentas, miembros del Tribunal de Ética Gubernamental y dos comisionados del IAIP. Es necesario que se elijan personas idóneas e independientes, pues las dos primeras instituciones no han cumplido con su rol, y en el caso del IAIP es importante que no vayan a darse retrocesos ni intentos por querer controlarlo.

A finales de 2017, iniciará el proceso de elección de magistrados de la CSJ, el que llevará a que en 2018 se elija a 4 magistrados de los 5 que integran la Sala de lo Constitucional, este acontecimiento es actualmente a mi juicio el más importante para nuestra institucionalidad democrática en los próximos años, pues si se llega a controlar políticamente al máximo intérprete y guardián de la Constitución, se dejaría desprotegida a la población en la defensa de sus derechos fundamentales y no se podrían frenar los abusos de poder.

Anhelo que en materia institucional para este año, se capitalicen las lecciones aprendidas, que no se repitan los errores, que no haya retrocesos y que se fortalezca y no se debilite a la democracia. Las instituciones públicas deben responder a la población resolviendo los grandes problemas nacionales y por su parte la ciudadanía debe ejercer con mayor determinación su rol de auditores sociales. ¡Que Dios bendiga a El Salvador en 2017!

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