Experiencias como la del Puerto de La Unión deben ser aleccionadoras

La eventual concesión se sigue retrasando, y, como pasó en 2008, es muy difícil tomar decisiones de esa magnitud al filo de unas elecciones presidenciales.
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<p>El calvario del Puerto de La Unión (que ahora se llama de La Unión Centroamericana) es una muestra patente e irrebatible de cómo se han venido tratando los grandes proyectos de desarrollo en el país. Sin duda, El Salvador viene necesitando desarrollo territorial con creciente urgencia, no sólo para superar los vicios del centralismo tradicional, que fue haciendo en el tiempo su labor estructuralmente distorsionadora, sino para hacer posible que mejoren de veras las condiciones de vida en nuestras comunidades, con independencia del lugar geográfico en que se encuentren. Para ello se requieren poderosos y efectivos focos de desarrollo en el territorio.</p><p>En la década pasada, emergieron emblemáticamente dos grandes proyectos: el Puerto de La Unión, como unidad portuaria de tercera generación en el Pacífico Centroamericano, y la Carretera Longitudinal del Norte, con todas sus ramificaciones tanto físicas como productivas y sociales. A estas alturas, la suerte de ambos proyectos es muy distinta, de seguro porque su esquema de financiamiento y de manejo también lo fue. FOMILENIO I se encargó del proyecto Zona Norte, con fondos estadounidenses de la Cuenta del Milenio y participación permanente de ésta en la inversión y en sus controles; el Puerto se construyó sobre la base de un préstamo de Japón, pero toda la responsabilidad de la ejecución y de la puesta en marcha quedó en nuestras manos, y ahí empezaron a intervenir las distorsiones usuales: la concesión original se paralizó por intereses y por prejuicios, y siempre se vio como prioritario lo que recibiría el Estado y no lo que recibiría el país. El contraste tendría que servir para hacer análisis correctivos de nuestra conducta nacional. </p><p>El Puerto debió haber estado concesionado antes de que concluyera su construcción en 2009. Hubo un proyecto de concesión enviado a la Asamblea Legislativa. Pero de pronto, todo se detuvo. Fueron más fuertes, evidentemente, los intereses escondidos que las proyecciones nacionales. Vino después lo de siempre: al cambiar la Administración, se empezó a desacreditar el proyecto original. Y así llegamos al punto en que estamos hoy: con un Puerto a cuestas, que en vez de ser rentable es oneroso, y con una perspectiva que tiende a ser cada vez más reductora, en la que ya no se aspira a que nuestro Puerto sea un punto significativo dentro del mapa del comercio mundial, sino un puerto más de la zona.</p><p>La eventual concesión se sigue retrasando, y, como pasó en 2008, es muy difícil tomar decisiones de esa magnitud al filo de unas elecciones presidenciales. Ojalá que no estemos en las mismas en 2018. Pero lo más importante es que, si hay concesión, como esperamos que la haya, no sea para salir del paso y mantener a flote a la entidad gubernamental responsable, sino para que nuestro desarrollo territorial gane un notable punto de referencia. </p><p>Muy difícilmente podremos liberarnos de nuestras ataduras históricas sin hacer un cambio real y sustancial en los enfoques sobre la realidad nacional y en la concepción de las líneas básicas de nuestro desarrollo. El desafío va mucho más allá del hecho de decidir partidariamente quién gobierna en un momento determinado: consiste en hacer que todos los que tienen alguna responsabilidad de conducción, tanto pública como privada, modernicen sus formas de conducta y sus propuestas de trabajo. Y dicha modernización requiere voluntades antes que leyes, como nos lo está enseñando la experiencia del día.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

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