Expliquémosle al presidente Bukele

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Luis Membreño - Economista

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Imaginémonos que todos los senadores de Estados Unidos hubieran tomado posesión de su cargo, al mismo tiempo, el sábado 1 de mayo y que en esa reunión hubieran destituido a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de ese país, sin previo aviso, sin haberlo discutido públicamente, sin haber defendido el caso de que habían cometido algún tipo de delito gravísimo que ameritara su destitución y que a horas de haberlos despedido, hubieran elegido a nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia sin que nadie haya tenido oportunidad de discutir su currículum, entrevistarlos, cuestionarlos y haber explorado su idoneidad para ocupar el cargo.

Imaginemos que tres días después el presidente Biden saliera en cadena nacional de radio, televisión y cable en una reunión pregrabada con los embajadores acreditados en Estados Unidos el día anterior, sin el consentimiento de los embajadores, asumiendo la responsabilidad de la destitución de los jueces y diciendo que no entiende por qué fue incorrecto lo que hicieron sus senadores demócratas, ya que ellos obtuvieron una mayoría abrumadora en las elecciones y tienen derecho a quitar y poner a quienes quieran, en el momento que deseen hacerlo y de la manera que ellos escojan hacerlo.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos son electos por el Senado de manera vitalicia, es decir hasta que mueran. Para poder destituir a un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos tendría que haber causales gravísimas para poder destituirlos y no se podría hacer en una tarde. Menos aún elegir a todos los jueces en dos horas.

Por ejemplo, el 18 de septiembre de 2020 murió a los 87 años la jueza Ruth Bader Ginsburg y no fue sino hasta el 26 de octubre que Amy Coney Barrett fue ratificada en el cargo por el Senado, luego de varios días de interrogatorio en esa Cámara del Congreso y fue considerada una de las ratificaciones más rápidas en la historia de Estados Unidos.

En el caso de El Salvador, los diputados recién electos luego de tomar posesión de su cargo, sin tener una agenda para convocar a una plenaria, sin haber expuesto los graves delitos de los que se les acusaba a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sin haberlos escuchado y vencido en juicio, procedieron a votar y los destituyeron de su cargo. Por si eso fuera poco, a continuación, propusieron y eligieron a nuevos magistrados, sin hacer todo el procedimiento que la ley establece para poder elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todas esas violaciones a los derechos de los destituidos, todas esas violaciones a los procedimientos y a las leyes de la República hacen ilegal, inconstitucional e incorrecta la destitución y elección de los magistrados.

A esta nueva Asamblea Legislativa le correspondía elegir cinco nuevos magistrados a partir de julio que se les vence el período a los actuales. De esos cinco magistrados, uno pertenece a la Sala de lo Constitucional y los otros cuatro a otras salas de la Corte Suprema de Justicia. El proceso de selección de candidatos conforme a lo que establece la ley inició en enero de 2021 y debería concluir en los próximos días. Esa es la forma correcta de hacer las cosas. Con las acciones del sábado pasado, esta Asamblea Legislativa elegirá al menos a 9 magistrados propietarios y sus respectivos suplentes, si no es que deciden sustituir a los restantes magistrados.

El caso del fiscal general de la República denota un gran revanchismo del presidente Bukele y su fracción legislativa. Solo tenían que esperar a que se venciera el plazo del actual fiscal el 5 de enero de 2022 y lo pudieron haber sustituido de manera legal por quien ellos quisieran.

Estas acciones de la Asamblea y las que se rumora que harán en los próximos días han generado pánico entre inversionistas nacionales y extranjeros que no son parte del régimen de Bukele, ha generado condenas generalizadas de todo el mundo occidental y de organismos multilaterales como la OEA y Naciones Unidas.

La semana pasada escribimos "Ha llegado la hora de la verdad". Hoy nos queda claro que la hora de la verdad será de profunda oscuridad y que las acciones que vendrán a continuación, además de las del 1 de mayo, tendrán gravísimas consecuencias políticas, económicas y sociales en los próximos tres años. ¿Qué sigue ahora? Todo y cualquier cosa que se les ocurra está sobre la mesa.

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