FGR: facturas pendientes y nuevos desafíos

Las primeras apariciones públicas del anterior fiscal general fueron consideradas por muchos como el inicio de una nueva etapa en la investigación y persecución del delito. Sus antecesores habían dejado la sensación de que el Ministerio Público se había quedado totalmente desfasado frente a los desafíos crecientes del crimen organizado en sus diferentes manifestaciones, la corrupción y el accionar cada vez más cruel y sofisticado de las pandillas, entre otros.
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Su frase “tregua hipócrita” parecía sintetizar una comprensión más integral de la fenomenología criminal, y de la consiguiente complejidad asociada con los vasos comunicantes entre las diferentes estructuras delictivas.

Pero por lo que ha trascendido, las acciones emprendidas como defensor de los intereses del Estado y los derechos ciudadanos no solo dejaron un gran déficit, sino además, y esto es lo más grave –porque deja traslucir las debilidades estructurales de la entidad–, el tratamiento parcializado u omiso, para decir lo menos, de algunos casos que resultan emblemáticos por sus implicaciones institucionales, políticas, económicas y sociales. Que estas irregularidades hayan sido, hasta cierto punto, ignoradas por la comisión evaluadora de la Asamblea Legislativa para recomendar la ratificación o la sustitución del anterior fiscal lo confirma el hecho de que en la lista final aparecieran candidaturas que, por sanidad, deberían haber sido rechazadas desde el principio.

Esto nos lleva al plano de poner en perspectiva la gigantesca responsabilidad que ha asumido el licenciado Douglas Meléndez, quien a los pocos meses de estar en el cargo dice sentirse solo y hasta presionado por ciertos grupos que intentan torpedear su trabajo. Y esto, parece estar relacionado mayormente con el lastre heredado; es decir con esos casos emblemáticos, que si bien son del conocimiento público, él los ha considerado como “engavetados”, pero que en otras circunstancias, bien podrían ir a parar al barril sin fondo de la impunidad.

Desempolvar casos que se habían dado por perdidos en el laberinto de la corrupción es una exigencia social, no solo para reparar el daño causado, sino también para que la población empiece a creer en las entidades responsables de velar por la ley y el orden. Esto es lo menos que se impone para erigir un muro de contención antes de que se erosionen más las bases de nuestra incipiente democracia y, más bien, volvamos por los fueros de la institucionalidad como está ocurriendo hoy en día en la Argentina y Brasil y que algún día, esperamos, que se replique en Venezuela.

Por lo que se puede deducir, el fiscal Meléndez está consciente y dispuesto a enfrentar con decisión y firmeza estos y otros desafíos, como los relacionados con los “Papeles de Panamá”. Esto, sumado a los descubrimientos de la Sección de Probidad y las decisiones subsecuentes de Corte Plena –aunque enturbiadas por las actuaciones de ciertos magistrados y de las cuales deberían dar cuenta a la población– ya son motivos para pensar que la tarea del señor fiscal no será nada fácil. Sus mismas reacciones, mencionadas anteriormente, así lo anticipan. Es más, el que haya aceptado haber recibido muestras de preocupación de parte de congresistas de los Estados Unidos es una manifestación clara de que las fechorías y la impunidad concomitante son alarmantes. En este escenario, lo más preocupante es que la entidad resulte más debilitada, en momentos que el país necesita combatir con solvencia problemas nuevos y sumamente complejos.

En este escenario, la ciudadanía en general tiene que estar consciente de los riesgos que corre de conformarse con el statu quo. Consecuentemente, para que la entidad empiece con paso firme a limpiar su imagen y a sentar bases sólidas para cumplir sin dobleces el papel que le asigna la Carta Magna, debe seguir con la limpieza interna, reforzar y ampliar su planta con profesionales valientes y probos y así poder resistir las presiones vengan de donde vengan. Obviamente, esto requiere más recursos, que no deberíamos regateárselos. Pero así como se perfilan las cosas, también es necesario el acompañamiento decidido de la comunidad internacional, comenzando por aceptar y apoyar la creación de una instancia de apoyo como en Guatemala y Honduras, para que el señor fiscal no se sienta solo y expuesto a los poderes delincuenciales.

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