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Facilitación inconclusa de la ONU

En el marco de la celebración del 25.º aniversario del Acuerdo de Paz (1992-2017), el gobierno nacional solicitó la cooperación de la ONU para facilitar un nuevo Acuerdo de Nación. Fue así que llegó un mediador en enero de 2017 para recuperar el diálogo y lograr entendimientos básicos para solucionar los principales problemas por los que atraviesa El Salvador.
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El facilitador Benito Andión inició su trabajo en medio de una crisis múltiple, estableció acercamientos entre las partes y trató de construir una ruta viable. Al pasar el tiempo y luego de considerar la factibilidad de la tarea encomendada, la ONU informó el pasado mes de julio que el enviado especial terminaba su mandato; con lo cual, el proceso entraba en una fase técnica y se limitaría a apoyar propuestas y recomendaciones de la sociedad salvadoreña.

En este contexto y dada la confianza que los salvadoreños le tienen a la ONU, convendría hacer público el informe del mediador para conocer las razones que llevaron a terminar dicha facilitación. Al respecto y desde una perspectiva ciudadana, el retiro del conciliador y el cambio cualitativo de los buenos oficios de la ONU son noticias adversas para la gobernabilidad democrática y sacan a flote cuatro puntos débiles de la política nacional.

Punto 1. Los tomadores de decisión no aprendieron la lección entre 1992-2017. Prueba de ello es que los dirigentes partidarios prefieren enfocarse en las próximas elecciones y luchar por el control del aparato estatal, que hacerle frente a la realidad nacional: 2.5 millones de salvadoreños viviendo en la pobreza, el deterioro de la calidad de vida de la clase media y bandas delincuenciales ejerciendo el control en incontables cantones, barrios y comunidades.

Punto 2. Los dirigentes partidarios favorecen la polarización ideológica y obstaculizan el diálogo colaborativo. Esta forma de gobernar propicia la manipulación mediática, protege el statu quo y aleja a miles de ciudadanos de las urnas. Por lo tanto, es absurdo gobernar con base en desacuerdos y pretender ganarse la confianza de la ciudadanía y la comunidad internacional.

Punto 3. La dispersión de la sociedad civil limita su incidencia en la gestión pública. En tal sentido, la ONU podría ayudar –en la nueva etapa– a mejorar la capacidad propositiva de las organizaciones civiles, construir una agenda ciudadana y neutralizar la intriga partidaria. El reto de los gobernados es defender democráticamente sus derechos e intereses.

Punto 4. Los gobernantes pretenden que los gobernados les sigan confiando –sin fiscalización– el destino del país. Esto es crítico porque (a) la próxima Asamblea Legislativa nombrará una nueva Sala de lo Constitucional y fiscal general, (b) el siguiente GOES aplicará duras medidas fiscales, y (c) la insolvencia financiera hará que numerosas propuestas municipales, legislativas y presidenciales sean inviables. Es clave, entonces, que los conciudadanos acudan a las urnas y voten inteligentemente en 2018 y 2019.

Conclusión: la misión del mediador de la ONU terminó el pasado mes de julio porque no había las condiciones para construir un Acuerdo de Nación. Al quedar inconclusa la facilitación de la ONU en El Salvador surgen dos hipótesis: (1) los tomadores de decisión prefieren confrontar que pactar, y (2) aumenta el riesgo que en el país se pretenda gobernar a través del caos y la fuerza.
 

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