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Facultades coercitivas deben respetar derechos fundamentales

Las finanzas públicas tienen una doble dimensión: una relacionada con el ingreso a través de los impuestos, tasas, contribuciones especiales y donaciones; y otra relacionada con el gasto público e inversión pública.
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Sería errado sostener que la solvencia financiera de un país tiene relación únicamente con uno de tales aspectos, por lo que se cometería un error al centrar el análisis solamente en relación con el ingreso, olvidándose del “gasto”, o solo promulgar y defender una modulación del gasto e inversión pública, olvidándose del primero de los antes mencionados.

No obstante lo anterior, el Órgano Ejecutivo y específicamente el Ministerio de Hacienda, ha centrado su análisis respecto al estado de las finanzas públicas, únicamente en la parte relativa al ingreso.

Se escucha recurrentemente a diversos funcionarios señalar que el ruinoso estado de las finanzas públicas salvadoreñas está exclusivamente relacionado con lo bajo de las actuales cargas tributarias, o bien, con los altos índices de evasión o elusión que llevan a cabo los contribuyente. Incluso en su momento, se promovieron y promulgaron reformas al Código Penal, a efecto de endurecer las penas y agilizar los procedimientos por los cuales un contribuyente puede terminar en prisión ante una acusación de defraudación fiscal.

Como CEJ, consideramos que ser cumplidores de la normativa tributaria y, por tanto, pagar los impuestos, tasas y contribuciones especiales a las que estamos obligados, no solo es un imperativo legal, sino también entraña un comportamiento ético y necesario para el correcto funcionamiento de la cosa pública.

Pero no obstante lo anterior, nos genera mucha preocupación que el proceso fiscal, específicamente en su dimensión penal, esté siendo impregnado de procedimientos coercitivos que generan violaciones a los derechos constitucionales de los contribuyentes.

Para el caso, de acuerdo con las reformas impulsadas por el partido de gobierno, las cuales ahora ya son ley de la República, si un auditor designado por el Ministerio de Hacienda para el desarrollo de una auditoría fiscal –quien, de suyo, carece de conocimientos en materia penal– detecta que se ha cometido una infracción de naturaleza penal, se suspenderá el proceso administrativo y se informará a la Fiscalía General de la República (art. 251-A Código Penal).

En este caso, al administrado se le cercena el derecho a defenderse ante la instancia correspondiente antes de que el proceso administrativo hubiese finalizado, y antes de que pueda presentar los argumentos y pruebas de descargo con que cuente, y por supuesto, antes de que pueda someter a revisión su caso ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas, o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Lo relevante del caso es que la Fiscalía General de la República posee todas las facultades para decretar una detención provisional y allanar las oficinas y vivienda del contribuyente investigado, ahora con calidad de imputado; y así, confiscar toda su contabilidad, documentos, soportes contables, soportes informáticos, reportes, recibos, etcétera, los cuales son insustituibles para poder ejercer adecuadamente su defensa.

En otras palabras, podemos encontrarnos con un escenario en el que el contribuyente, a la vez que está privado de libertad, carece de la información y documentación necesaria para poder defenderse adecuadamente puesto que es privado de la misma.

Un proceso fiscal-administrativo es sustancialmente diferente a un proceso fiscal-penal. Las consecuencias del primero son patrimoniales, mientras que las consecuencias del segundo pueden ser incalculables.

Y es que si bien es cierto es imprescindible que el Estado cuente con un marco legal que le permita ejercer el cobro de las cargas tributarias de forma coercitiva, dicho marco debe contemplar las garantías legales de audiencia y defensa necesarias y consecuentes con el tipo de caso que se investiga. Lo contrario es poner al contribuyente en una guillotina operada por la fuerza del Estado.
 

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