Faltaba el actor estelar

El 3 de abril, Nacho Castillo tuvo como invitados a tres candidatos de igual número de partidos que se postularon para diputados.
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La entrevista me permitió arribar a dos conclusiones. Primera: se confirmó lo que habíamos estado diciendo sobre las consecuencias de un proceso electoral, que en su parte definitoria desnudó sus fallas de origen. Segunda: que a pesar de las históricas decisiones de la Sala de lo Constitucional (voto cruzado y por rostro), las cúpulas partidarias se las ingeniaron para atropellar nuevamente la voluntad popular.

Unos con mayor énfasis dejaron entrever que los votos obtenidos por ellos fueron dejados de lado o asignados a otros candidatos por los propios dirigentes partidarios, obviamente ejerciendo presión sobre los responsables directos del escrutinio. Los quejosos dirigieron así sus baterías a cuestionar la ética de las cúpulas partidarias, al dejarlos prácticamente huérfanos al momento de reivindicar lo que consideraban muy suyo, todo para favorecer a sus candidatos preferidos.

Lo paradójico del caso es que las interpretaciones de la SC que dieron paso a la nueva forma de ejercer el derecho al voto fueron las que de alguna manera facilitaron ese juego sucio, incluso la que prevenía sobre la inaplicabilidad de la lista de precedencia decidida por los partidos. A la reivindicación de los derechos reclamados por las personas aludidas se agregaría después la postura del todavía diputado Douglas Avilés, por cierto considerado por muchos como un ejemplo de la ética política, que tanto echamos de menos casi todos los salvadoreños.

Pero el TSE se negó hasta el último momento –amparándose en el Código Electoral– a aceptar las peticiones de los supuestamente afectados, que reclamaban la apertura de los paquetes electorales correspondientes al departamento de San Salvador, como recurso para constatar la veracidad de los resultados reportados por el tribunal. Esto llevó a los supuestamente afectados a plantear un amparo ante la Sala de lo Constitucional, la que en una resolución inédita emitió una medida cautelar y ordenó a ese Tribunal “el recuento público (de votos), transparente y supervisado por el Fiscal General de la República”, dándole hasta el 21 de abril para cumplir con el mandato.

Más allá de lo que resulte de este nuevo episodio, debemos reconocer –hasta los que habíamos señalado que la senda democrática había dado un traspié con un proceso electoral comprometido por las múltiples irregularidades que marcaron su desarrollo– que con su resolución la SC ha dado un ejemplo más de su compromiso con la institucionalidad y la justicia constitucional. Contrario a lo que dicen sus conocidos detractores, que cínicamente insisten en estar contribuyendo a la institucionalidad democrática –cuando más bien es todo lo contrario– la mayoría coincide en que lo único que nos va quedando para salvaguardar el sistema es el control constitucional del poder, para enfrentar las fechorías que repetidamente comete el sector político.

Y aunque a este momento es aventurado hacer valoraciones sobre los resultados del recuento de votos, la mera resolución de la Sala ya insinúa la posibilidad de que se haya incurrido en un fraude, sin duda más sofisticado que antaño, pero más viable de descubrir hoy en día por la vía legal. Los problemas que a última hora ha planteado el presidente del TSE y algunos de sus colegas frente al mandato de la Sala –que van desde la inaplicabilidad de la sentencia, pasando por lo corto del tiempo para cumplirla, hasta la carencia de presupuesto para ejecutarla– no hacen sino aumentar esa sospecha.

De los tres, quizás el único razonable es el segundo. Ampararse en el primero sería incurrir en desacato, aunque una “representanta” –para ser fiel al florido lenguaje que se utiliza en la casa del pueblo– ya adelantó criterio, cuando asevera “que ello es perfectamente válido”, lo cual dice mucho del respeto que le merece a su partido el orden establecido. Y en cuanto al tercero, ALBA le podía dar un préstamo al TSE, con la garantía solidaria de GANA, bajo los parámetros financieros de un decreto legislativo destapado por LPG la semana pasada. La SC ha desempeñado nuevamente un papel estelar.

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  • tse
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