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¿Fin del jolgorio?

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Juan Héctor Vidal / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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Cuando, en 2011, el FMLN se hizo de la presidencia de la Asamblea Legislativa, el conductor de un programa televisivo lo calificó como un “fenómeno político” por la procedencia partidaria del ungido. Este, en sus primeros días de gestión, no desperdició espacios para alardear, sobre todo, de su compromiso con la transparencia y de la lucha que emprendería para desterrar la excesiva, ineficiente y costosa carga burocrática heredada. Lo que involucraban sus promesas no eran trivialidades. Pero, por algo, nosotros nos ocupamos de abordar el tema en una columna que titulamos “A las pruebas me remito” (LPG, 7/2/11).

Hoy todos sabemos que la suya fue una gestión plagada de los mismos (y aumentados) vicios que han marcado la historia reciente del mal llamado primer Órgano del Estado y que alcanzaron su cenit cuando el PCN manejaba a su antojo las entidades del Estado, especialmente la Corte de Cuentas, enarbolando siempre la bandera raída de la gobernabilidad democrática. Desde ese tiempo, mucha agua ha pasado bajo el puente, pero en el imaginario colectivo no desaparece ese accionar perverso que ha estigmatizado a toda la clase política, y no sin razón. Corrupción, uso patrimonialista del Estado, narcotráfico, atentados contra la autoridad, manoseo del sistema monetario, desacato, y hasta el intento de vender nuestra soberanía, han dejado marcas muy profundas en una sociedad que no termina de encontrar la ruta de su redención.

Pero las elecciones legislativas y municipales del pasado 4 de marzo fueron un primer mensaje y algo parece estarse alterando a partir de entonces. Hay señales de que la ciudadanía está seriamente tomando conciencia de la estafa de que ha sido objeto y que había estado soportando estoicamente, no solo la proveniente del Órgano Legislativo, sino de toda la administración pública, que el poder político ha prostituido constantemente. Pero...

Dejando de lado por el momento el comportamiento obtuso, siempre omnipresente de los dirigentes de su partido y todo ese laberinto en que se encuentra la oposición, el nuevo presidente del congreso parece estarse encaminando a incinerar toda la inmundicia heredada, con todo lo que ello ha significado en el envilecimiento de la justicia, los derechos fundamentales del ciudadano, la calidad de vida e intentando, incluso, socavar las bases de la democracia.

Sin duda, el presidente Quijano ha comenzado por algo elemental, pero que tiene un alto significado en todo el desarrollo político, social y económico del país. Velar por el buen uso de los recursos públicos es el punto de partida para que el Estado enfrente con solvencia sus obligaciones fundamentales. Y en este plano, aunque es un tema que toca fibras sensibles, el despido de más de 140 empleados contratados durante los últimos cinco meses de gestión de un expresidente cuestionado por donar a su esposa fondos públicos para una ONG inexistente y bajo sospechas de enriquecimiento ilícito es una clara expresión de corrupción administrativa y de arreglos espurios de su partido con el FMLN, que no tiene nombre. Claro, solo enfocándose en esa empleomanía improductiva, activista, costosa e ignorante ya ocasiona un daño económico y social importante, aunque resulta relativa con las más de 40 mil plazas creadas con iguales características en los dos gobiernos del FMLN, pero estas no dicen tampoco mucho del daño irreparable que le han causado al país. Norman, siga incinerando el basurero; nosotros lo apoyaremos sin reservas, aunque su partido no sea el santo de nuestra devoción. El país se lo merece.

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