Financiamiento de una reforma de pensiones

La solución definitiva a la crisis del sistema de pensiones salvadoreño continúa siendo postergada, mediante la implementación de acciones improvisadas.

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Francisco Sorto Rivas

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La última reforma a este se promulgó en el año 2017; mediante dicha reforma se redujeron drásticamente los derechos de los afiliados; no hay que olvidar que su verdadera motivación fue fiscal, no previsional. Lo que se buscaba era reducir la presión sobre la caja fiscal y mejorar, de paso, la calificación de riesgo país ante los organismos financieros internacionales.

Claro está que la medida se "vendió", en su oportunidad, como una reforma integral de pensiones; tanto así que se contrataron actuarios extranjeros para que le dieran cierto carácter técnico a la propuesta, a pesar de que no eran contundentes las estimaciones que se tenían sobre su equilibrio actuarial; al extremo que cuando se le preguntó, a uno de los consultores contratados por el Gobierno, en una entrevista en televisión, si se dispondría de los recursos necesarios para garantizar el pago futuro de las obligaciones a cargo del erario público, él contestó con la mayor naturalidad: "Dios Proveerá".

Más allá de las convicciones religiosas que tengamos, hay que destacar que los sistemas de pensiones deben basarse en modelos estadísticos y matemáticos –inspirándose en el principio de equivalencia–; las obligaciones futuras tienen que poderse cubrir con los ingresos intertemporales previstos en la ley, para que sean sostenibles. Esto no quiere decir que los esquemas no puedan ajustarse cada cierto tiempo, especialmente cuando algunos de los supuestos en que se basaron han quedado desfasados.

Lamentablemente, las reformas de pensiones requieren de grandes cantidades de recursos fiscales, especialmente cuando otras han provocado, previamente, graves perjuicios a los trabajadores, como la registrada en el año 2017, producto de la cual se otorgan pensiones mensuales de $200 a muchos trabajadores que reúnen los requisitos legales para jubilarse (edad y tiempo cotizado).

Es por ello que el diseño de eventuales reformas resulta de interés para el Ministerio de Hacienda; porque cualquier erogación adicional que se destine a ello restaría fondos a otras prioritarias del Gobierno como: seguridad, salud, educación, etcétera.

Durante la reforma de 2017 se inventaron una figura jurídica que denominaron Cuenta de Garantía Solidaria para trasladarle parte de las obligaciones del Estado a los trabajadores, distorsionando con ello el principio de la solidaridad, desde la perspectiva de la seguridad social, naturalmente; se banalizó el término, como si se tratara de la generosidad que algunas personas brindan a otras, de forma voluntaria. Entrar en detalle sobre las diferencias ontológicas de estas dos categorías, desde la perspectiva de la seguridad social, nos desviaría un poco del análisis; baste decir, en esta ocasión, que la diferencia es abismal. Esperemos que el financiamiento de una eventual reforma no recaiga, nuevamente, sobre las espaldas de los trabajadores.

Cabe mencionar aquí que todas las reformas que se han hecho hasta la fecha han tenido diversa sustanciación fiscal, considerando que el Gobierno nunca provisionó los fondos, que establecía la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, para pagar las obligaciones previsionales a cargo del Estado.

Ante esa realidad, en los años 2003 y 2006 se crearon mecanismos de compensación fiscal para preservar la equidad previsional planteada inicialmente entre regímenes (público y privado); pero en el año 2017 el mismo Gobierno decidió eliminarlos, ante las dificultades financieras que tenía para honrarlos.

Finalmente, se puede asegurar que el financiamiento de las obligaciones previsionales futuras será clave para atenuar los daños ocasionados a los trabajadores, por la reforma de 2017 y que el referido financiamiento debería considerar algún sacrificio fiscal u optimización tributaria.

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