Financiamos nuestra propia destrucción

Si para iniciar la tregua se financió a los cabecillas de las pandillas, con doscientos mil dólares, ¿de cuánto sería para el país el costo total de dicha tregua? Consideraremos que, según varios estudios publicados, cuesta a El Salvador esta violencia, como daño emergente, el 10.8 % anual del PIB. Solo el costo de la seguridad es del 2 % del PIB, siempre anual. Con tales cifras, y las pérdidas de lucro cesante, por falta de competitividad, asciende el costo, entre 2009 y 2015, al 71.8 % del PIB. ¿Podría la tregua llevar a la ilegitimidad del presente Gobierno?
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Situación que es fiscalmente insostenible y quien ha provocado esta descomposición social es el Gobierno, invirtiendo los fondos públicos sin control. Esta es contradicción, imposible de aceptar por los nacionales e intolerable para los prestamistas del Estado; sobre todo si estos esperan el retorno de dichas inversiones y es preocupación por haberse consumido fondos internacionales, que se recibieron para ayuda y desarrollo.

El problema de las pandillas se inició poco después de los Acuerdos de Paz de 1992. Los Gobiernos anteriores a Mauricio Funes las combatieron de manera ineficiente y errónea, pero sin financiarlas. Imposible es creer que la visita del presidente de la OEA a los pandilleros fuese ajena al Gobierno y al conocimiento de cancillería y que el discurso de Mauricio Funes en la ONU no haya sido con el propósito de que le diesen apoyo a su proyecto de “tregua” con las pandillas.

Las preguntas naturales son: ¿continuarán dando créditos al Estado de El Salvador, dado su riesgo país? ¿Estarán los cooperantes, anuentes a financiar obras en El Salvador, si el Gobierno gasta sus recursos propios y de los créditos, para favorecer el crimen organizado transnacional? El Gobierno salvadoreño confía contar con la inversión no occidental (China continental) y, con el fondo de las pensiones, solventar su problema de caja. Hechos que plantean la necesidad de medidas extremas: la CICIES y mecanismos de contraloría alternos o ajenos al Gobierno. Estos dos mecanismos se derivan lógicamente del razonamiento del mismo Gobierno: “No aceptamos ninguna injerencia extranjera o mecanismos que condicionen al Gobierno, porque sería un cogobierno”.

Y no lo son, ni la CICIES ni una supervisión de la empresa privada, en lo referente a los gastos de seguridad; son la adecuación de la democracia a una realidad política. Considera el FMLN que el poder público ejercido por los funcionarios debe ser total e irrestricto, lo cual no puede ser y, cuando los mecanismos normales fallan, porque son dirigidos por una misma entidad, dictador o poder centralizado, no existe la función de los organismos democráticos y esta ausencia, obliga a contener ese poder, dentro de los límites constitucionales, mediante la función de mecanismos alternos, no prohibidos por la Constitución.

Signo de su apoyo claro pero encubierto a las pandillas y de su complicidad con ellas es la negativa del Gobierno a destituir a los ministros David Munguía Payés y a Arístides Valencia, por causa de sus vinculaciones con las pandillas. La gravísima cuestión es ¿continuaremos sí, o no, financiando con nuestros impuestos y préstamos, la consolidación de las pandillas, en detrimento de la seguridad del Triángulo Norte?

Consideremos otro punto: ¿Cómo juzgaremos unas elecciones que se realizaron bajo la coacción de las pandillas, cuya actividad fue financiada con fondos públicos? Si fue la coacción sobre más de seis mil personas, ¿podría considerarse la ilegitimidad del presente Gobierno? Las investigaciones efectuadas por la Fiscalía General de la República darán la respuesta.

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  • pandillas
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