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Finanzas pandilleras al descubierto

Lo más relevante de la Operación Jaque, ejecutada por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), es que nos empieza a dar una verdadera dimensión de las pandillas en El Salvador.
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Una sola de las tres pandillas que opera en el país, la Mara Salvatrucha (MS-13, calificada como grupo criminal transnacional por Estados Unidos y como agrupación terrorista por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), ha sido capaz de crear un vasto imperio financiero a partir del crimen. En una sola noche –pero gracias al trabajo de meses de investigación– se decomisó centenar y medio de inmuebles, casi 200 vehículos y se mostró la estructura nacional que coordina esta inmensa operación criminal.

Si hasta ahora lo que teníamos en mente cuando escuchábamos “pandillas” eran jóvenes tatuados, armas en mano, exigiendo el dinero de la extorsión. O enfrentándose a tiros con los policías “por el barrio”, para controlar la venta de drogas al menudeo. O descuartizando, machete en mano, a sus pandilleros enemigos, a los que no quieren someterse a la pandilla, a los vecinos que los vieron crecer.

Pero lejos de esa brutalidad hemos visto a los cabecillas de ese imperio criminal. Hombres sin una gota de tinta en su piel, empleado, incluso, en una alcaldía de la zona metropolitana producto de los acuerdos logrados durante “la tregua”. Este era el cerebro financiero de la pandilla, capaz de mover millones de dólares provenientes de todas las actividades criminales y que incluso planificaba la compra de armamento de guerra en Guatemala para su enfrentamiento con el Estado salvadoreño.

Otro de esos cabecillas era el vicepresidente de una cooperativa de buses. Ese, el transporte público, ha sido un objetivo de los grupos criminales para blanquear capitales provenientes de actividades ilícitas, como la extorsión o el narcotráfico. Basta abrir una cuenta bancaria con la certificación emitida por el Viceministerio de Transporte (VMT) de que el titular es propietario o miembro de una cooperativa de buses que funciona con “caja única” para poder hacer depósitos ilimitados en el sistema financiero nacional. Y todo legal. En otras palabras, se puede fingir (gracias a una “declaración jurada”) que hay movimiento diario de pasajeros durante todos los días del año para poder obtener el subsidio de $200 por microbús y $400 por autobús.

Cuando LA PRENSA GRÁFICA pidió las declaraciones de tres rutas de la zona metropolitana el comportamiento fue exactamente ese: se repiten hasta la eternidad la misma cantidad de pasajeros transportados cada día, como que si nunca ese vehículo pasó por el taller o nunca se enfermó un solo motorista y siempre trabajaron... el trabajo perfecto, con ingresos seguros y perennes. O el esquema perfecto para declarar ingresos altos, sin justificarlos. ¿Cómo, acaso, puede dar fe del dinero que deposita a diario un transportista si no da ningún recibo a cambio de su servicio? Diferente sería con un sistema electrónico de acopio, pero ese es otro tema.

Viendo la dimensión de la operación y que es posible lavar dinero ilícito con el transporte público y que solo dos rutas de buses han sido intervenidas, ¿no se puede acaso pensar que el alcance es mayor y que hay que implementar, desde ya, mecanismos de control? ¿Se está exagerando cuando en la acusación se dice que se menciona $25 millones de la tregua? La operación de los pandilleros incluso es más grande. ¿Que si recibieron esa cantidad del Estado? Por ahora, la duda ha sido planteada por la FGR y será el tribunal el que establezca si de verdad fue eso. O que quizás fue más.

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