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Fortalecimiento institucional y justicia universal

No condenamos, pero tampoco absolvemos.
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Decimos esto, a propósito de lo que está ocurriendo en el país, relacionado de manera contundente con actos de corrupción y otras figuras delictivas que han llevado a incoar juicios contra personajes de la vida política y económica, que antes eran intocables. De ser tratados con estricto apego a la ley y con prescindencia de sus resultados, podríamos estar a las puertas de un nuevo amanecer, donde la aplicación universal de la justicia será decisiva para aspirar a una sociedad más justa y más comprometida con su propio futuro.

Sin ignorar los otros sonados casos que está investigando la FGR, el que involucra al expresidente Funes puede considerarse como emblemático, no tanto por el cargo que desempeñó –porque ya se tenía el antecedente del fallecido expresidente Flores– sino porque habiendo comenzado por sospechas de enriquecimiento ilícito –que cae en la esfera del derecho civil– (como el del señor Saca) se complicó al sumarle otros presuntos ilícitos, que trascienden al ámbito penal. Para complicar su situación, se le señala por haber abandonado el país, argumentando una persecución política inexistente, con el agravante que fue su partido el que lo estimuló y contribuyó directamente para que se le concediera asilo en Nicaragua, un país reconocido mundialmente como refugio de delincuentes de diferente calaña.

Bajo estas circunstancias, el caso Funes puede ser el inicio de un capítulo inédito en la historia de El Salvador, porque su caso dará lugar a una “prueba de estrés”, a la que probablemente nunca ha sido sometido nuestro sistema de justicia. El hecho de que su caso tenga connotaciones jurídicas internacionales debido a las convenciones que ha suscrito El Salvador complica enormemente a su propio partido, pues pone en riesgo la cooperación internacional que está ligada al combate de la corrupción, el respeto a la institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia. Todo esto ha puesto en entredicho nuestras credenciales como un país que aspira a su transformación integral, bajo los presupuestos del Acuerdo de Paz.

Pero el actual escenario –que supone, en el caso que nos ocupa, poner en jaque la impunidad– no existiría sin las históricas sentencias de la Sala de lo Constitucional y el cambio observado en el Ministerio Público, que está dejando atrás –ojalá para siempre– aquel estigma de complacencia, cuando no de complicidad, que la ha perseguido por largo tiempo. Ahora, con este remozamiento institucional, se esperaría un avance en la consolidación del Estado Democrático de Derecho, de cara a una sociedad más consciente de sus derechos y responsabilidades, en una democracia todavía en ciernes.

Que se erigirán muros de contención para desacreditar y tratar de manipular la pronta y cumplida justicia, nadie debería dudarlo. Las actuaciones del partido gobernante concernientes a la situación que enfrenta el señor Funes, además de irresponsables, llevan el sello del irrespeto al orden establecido, aderezado como siempre con el discurso mal intencionado, falso y truculento que recuerda la forma en que actúan aquellos gobiernos que les sirven de referencia pero que, afortunadamente, van de salida.

De hecho, abundan las manifestaciones claras provenientes de la dirigencia del partido gobernante y hasta del propio presidente, que ven en este reacomodo institucional un riesgo para sus propios afanes. No es un secreto que han tratado de descabezar a la SC, como tampoco se ignora el flaco favor que le han hecho al país, al hacer de la institución del asilo político una basura, sin reparar en el daño que ellos mismos se han infligido al patrocinar, en cambio, la evasión de la justicia penal. En cualquier caso, todo esto debería dar paso a una guerra sin cuartel contra la corrupción, madre de muchos de nuestros males. Por eso es crucial el respaldo firme a instancias como la SC, la FGR y la PNC, sin eludir la enorme tarea de practicarle una cirugía mayor a la CCR.

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