Función social de la ANEP

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), al defender la libertad económica, defiende también la libertad política.
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Es necesario comprender que en esta defensa está su función social, oponiéndose a todas las medidas gubernamentales, ajenas a los principios de nuestra Constitución. Si así no lo hiciese, veríamos el desaparecimiento del espíritu de la empresa privada y el sometimiento individual de las fuerzas económicas al criterio estatal.

Peligrosísimo es a la vida nacional toda medida que tenga por propósito disminuir la libre actividad de la empresa privada. Y decimos a la vida nacional, porque recorriendo nuestra historia, encontramos que la vida de la nación, su progreso, su civilización, ha sido sostenida, apoyada y realizada por la empresa privada. El Gobierno sostiene la inversión del Estado con el producto que genera el trabajo particular, es decir, de la empresa privada. Suponiendo que el Estado con sus medidas lograse intervenirla, sería secar la principal fuente de ingreso al tesoro nacional. ¿Quiénes son los que pagan más y mayores impuestos? Los que trabajan en la empresa privada. ¿A quién se acude para las obras altruistas? A la empresa privada. ¿A quién golpea más la delincuencia? A la empresa privada. ¿A quién culpa el Estado, luego de sus desatinos? A la empresa privada. ¿Cuáles instituciones dan mejor servicio? Las de la empresa privada. El Gobierno invoca la solidaridad para el progreso de la nación, pero esta solo la logra la empresa privada, en plena libertad económica y política.

Pedir sumisión a la empresa privada es desconectar el motor productivo: es la iniciativa privada la que mantiene la economía; el Gobierno se nutre de ella, no la genera. Citemos algunos ejemplos: FEDECAMARAS en Venezuela o la Cámara de Comercio de Guayaquil, Ecuador –países que proclaman el Socialismo del Siglo XXI–, se han convertido en serios opositores al Gobierno. En El Salvador, ha sido la ANEP, que además de la oposición y consciente del peligro, tienen otro denominador común: la no promoción de las líneas electorales de los partidos de oposición, defendiendo con su actitud los intereses gremiales.

Las empresas ALBA, entidad geopolítica, ofrecen negocios a quienes se pliegan a sus condiciones políticas y así, funden sus intereses, favorables a Venezuela, con los empresariales personales, pero con desmedro de los gremiales nacionales. Sostener esta posición va en perjuicio de los mismos intereses gremiales, pues buscan el dominio gremial empresarial, para evitar la misma libre competencia. La labor social que las empresas ALBA publicitan es solo una proyección política partidaria y no una verdadera función social empresarial.

Creen muchos que el Socialismo del Siglo XXI es mentira porque ven que los dirigentes políticos de izquierda, aunque lo defienden, todos son empresarios y como tales, pueden y tienen que convivir dentro del libre quehacer gremial empresarial. Sin embargo, su habilidad es solo apariencia: lo exitoso de sus empresas no es producto de arduo trabajo ni de su inteligencia, sino de la inversión extranjera, producto del petróleo que ha consumido El Salvador y que, para mantenerse como empresas, necesitan del concurso y favorecimiento directo del Estado salvadoreño: son meros gerentes de un consorcio político transnacional y que, envolvente cual hiedra, hace imposible su convivencia con la empresa nacional.

Concluimos que en la defensa de la empresa privada nos va la libertad, el progreso y la vigencia de nuestros principios constitucionales democráticos; todos los salvadoreños debemos de estar conscientes de que el Gobierno ataca a la empresa privada porque esta se opone a sus designios socializadores y todo cambio dentro de la ANEP, favorable a la posición gubernamental, sería muy desfavorable para la nación.

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