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Funcionarios en deuda

El enfoque en turno es un recordatorio de la misión que deben cumplir los funcionarios públicos, especialmente los diputados, a quienes el pueblo, a través del voto, los delegó para representarlo.
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Así como la lección es de difícil comprensión para un mal estudiante, necesita que se les recuerde el párrafo del artículo 86 de la Constitución de la República que expresa: “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”. Sin embargo, el desenvolvimiento de estas personas de manera frecuente es contrario a sus obligaciones de trabajar por la ciudadanía. Inician sus cargos con buena impresión –para algunos mera inercia–. Pero después caen en lo de siempre: plegarse a intereses partidarios y al rutinario aprovechamiento de privilegios, en detrimento del erario nacional, justificando su derroche a que promueven relaciones y que utilizan excedentes del presupuesto asignado. Una mayor sensibilidad de su parte les haría comprender que ese dinero subsanaría urgentes problemas de la población. Fuera de su confort, existe una realidad impactante. Con su conducta, estos servidores ponen en evidencia que eso de la austeridad es para consumo publicitario. Hablando claro, si al obeso GOES le quitaran grasa, ciertos impuestos dejarían de aplicarse.

Cuando no funciona como es debido la supuesta representación del pueblo, la institucionabilidad se debilita y se fortalecen la corrupción, la impunidad y la no transparencia. Por eso es necesaria la instauración de una comisión con fuerza auditora, de fuera, de organismos como la OEA o la ONU que garanticen un real cumplimiento. Después de los buenos efectos en Guatemala, la vecina Honduras ha seguido el ejemplo. En abril instaló la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), con un funcionamiento de 4 años y el seguimiento de la OEA.

El Salvador tiene igual necesidad de crear una comisión para cumplir obligaciones descuidadas. La Fiscalía General con su brazo investigativo –corto por falta de recursos– y la Sala de lo Constitucional de la CSJ hacen valer las leyes, aunque sus fallos causen resquemores. Los partidos, especialmente el que gobierna, buscan magistrados a su conveniencia. ¿O preferimos vivir la dócil pasividad de Nicaragua, en donde los poderes están sometidos al timón estatal y no existe preciados valores, como son la alternabilidad y la democracia?

La Constitución debe ser para todo país su columna vertebral y las decisiones de sus garantes deben cumplirse. No se les puede exigir perfección enfrentando un medio tan polarizado. Toda una montaña de problemas está a la espera de voces ciudadanas que demandan cumplimiento. Hay observaciones que no han sido abordadas con efectividad, como el caso del ALBA, por sus irregulares orígenes; la obligatoriedad de pago electrónico por organismos económicos del SITRAMSS, con servicios solo de este a oeste. Muchas personas, con razones valederas, mencionan el artículo 8 de la Carta Magna que dice: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe”. Y qué decir de tantos derechos vulnerados, como la seguridad alimentaria y la obligación del Estado –como fin primordial– de garantizar salud. La deplorable situación de los centros médicos y su exiguo presupuesto son hechos incuestionables. De ahí, lo imperioso es que los funcionarios frenen su tren de vida y la burocracia se reduzca.

El funcionario público es un servidor de la ciudadanía. Esta frase debería estar en un letrero en cada despacho, como recordatorio de una deuda incumplida.

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