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¿Funcionarios o militantes?

El presidente Sánchez Cerén llamó de nuevo “golpista” a la Sala de lo Constitucional. Al gobernante lo indignó la resolución de esa instancia judicial que destituyó a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
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La Asamblea, según la sentencia, no probó, en unos casos, la idoneidad de algunos de los elegidos, y, en otros, ignoró los vínculos partidarios del resto de sus miembros. Los antecedentes en el Tribunal Supremo Electoral, en la Fiscalía General de la República y en la misma Corte Suprema de Justicia, en los que la Sala actuó de la misma manera, declarando inconstitucional la elección de sus titulares, confirman la intención de los magistrados para que el Órgano Legislativo cumpla con la Constitución de la República y elija funcionarios de “segundo grado” sin ataduras partidarias.

Los avances institucionales se deben, en buena medida, a la separación que los fallos de la Sala han establecido entre los partidos políticos y las entidades públicas. Cada vez será más difícil que la votación favorezca a miembros de las fuerzas políticas. Por esta razón los diputados deben ser muy cuidadosos al nombrar a los próximos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y ahora a los servidores públicos que sustituirán a los magistrados de la CCR. Si eligen incumpliendo las disposiciones de la Carta Magna e ignoran los parámetros específicos y generales establecidos por la Sala, seguramente el control constitucional de sus decisiones provocará la remoción de personajes que de nuevo habrán infringido los requisitos que debe reunir el perfil de quienes aspiran a presidir a las instituciones del Estado.

A diferencia del mandatario, nuevas voces, desde la sociedad civil organizada, aplauden la manera en la que las instituciones comienzan a dar señales de “vida independiente”. El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), Acción Ciudadana (AC), Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), entre otras, se han sumado a los esfuerzos por mejorar el sistema político que desde hace varios años vienen ejecutando instancias como la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Concertación Democrática Nacional (CDN), el Movimiento Independiente pro Reforma Electoral (MIRE), Aliados por la Democracia, FUSADES, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, FUNDE y varias de las más importantes gremiales del sector privado.

A algunos de los partidos y a quienes suponen que la política seguirá siendo el “territorio” de unos pocos, habría que recordarles la contundencia con la que los representantes de esas Organizaciones No Gubernamentales han exigido la regulación del financiamiento político, la “despartidización” de las instituciones públicas, la lucha contra la corrupción y la impunidad, el equilibrio entre los Órganos fundamentales del Estado, el fortalecimiento de la justicia electoral, el pleno acceso a la información pública, la administración responsable de las finanzas públicas, la remoción de los obstáculos que impiden el crecimiento económico y, en general, la “desideologización” del debate nacional.

Cuando el presidente se planta en el Foro de Sao Paulo y reclama públicamente a la Sala de lo Constitucional atribuyéndole un comportamiento en contra de las políticas de gobierno; en el momento que varios de sus principales funcionarios asisten a dicha reunión, aplaudiendo los agravios en contra de Estados Unidos al mismo tiempo que respaldan las resoluciones que limitan la libertad de expresión, y además concluyen sobre la necesidad de una nueva agenda que detenga la “contraofensiva imperialista”, se configura una doble agenda en la que es muy difícil distinguir a los demócratas de los totalitaristas y a los funcionarios de gobierno de los más ortodoxos militantes del partido.

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