Funcionarios públicos, públicos son

La Sala de lo Constitucional sorprendió hacia el final de la semana con una sentencia importante que leída, entendida y aplicada a profundidad se convierte en un precedente fundamental en la actividad de los funcionarios públicos y la fiscalización de la sociedad a través de los medios de comunicación; en una nueva herramienta a utilizar en las investigaciones periodísticas y sienta referente de acción sobre la forma de procesar y solicitar derechos de respuesta.
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Los magistrados aprovecharon la desestimación de una demanda del ex alto jefe policial Rafael Antonio Garciaguirre contra este periódico para profundizar en su sentencia en algunos conceptos fortalecedores del derecho a informar y a ser informado sobre las actuaciones de funcionarios. El exjefe policial demandó a LA PRENSA GRÁFICA en la sala por supuesta negación a su derecho de respuesta en reportajes publicados en 2005, los cuales planteaban irregularidades en ascensos policiales y otras acciones dentro de la institución mientras Garciaguirre decidía en la academia policial como director interino.

La sala comprobó que el periódico no solo había concedido en diferentes ocasiones a Garciaguirre la oportunidad de expresar su posición en las publicaciones, sino que también habían sido publicaciones sustentadas en la libertad de prensa y en la acción fiscalizadora que los medios de comunicación pueden ejercer en favor de la sociedad sobre los actuaciones de los funcionarios públicos. “En definitiva, se debe garantizar que los medios de difusión ejerzan libremente su función de informar sobre temas de interés público, entre ellos los relacionados con el desempeño de las funciones públicas. De forma correlativa, los funcionarios deben tolerar, en mayor medida que los particulares, informaciones –producto del ejercicio responsable del periodismo investigativo– que puedan implicar afectaciones a su honor, especialmente las relacionadas con irregularidades en las que se señala su posible participación...”, reza en una de sus tantas argumentaciones la sentencia del caso de Amparo 375-2011 (http://static.ow.ly/docs/375- 2011%20firmada_2UBx.pdf).

Algunos de los argumentos utilizados por los firmantes recuerdan a los funcionarios su responsabilidad ante la sociedad de rendir cuentas de forma constante, de dar la cara y las consecuencias de ser público, algo que algunos no quieren entender y manejan las oficinas estatales como oficinas privadas colocando cercos de matones, doble cerrojo en las puertas, pasillos secretos y falsos accesos para esquivar a los periodistas. Les recuerda la obligación de responder a los medios de comunicación para informar a la sociedad y refuerza la tarea de los medios de comunicación de ejercer el control sobre los temas de interés público. Les aclara que rendir cuentas no es pararse frente a un montón de simpatizantes o subalternos y exponer maravillosos y maquillados logros.

Es importante señalar también que la sentencia aclara algunos aspectos del derecho de respuesta pretendido por un funcionario público, y destaca que no se trata de dirigir una carta a un medio tratando de deslegitimar el trabajo del medio, de sus directores, de los periodistas; tampoco debe llevar consideraciones de contextos políticos o elucubraciones de teorías de la conspiración que no estén relacionados con el tema en discusión, sino que debe concentrarse en el hecho señalado; y subraya que para validar ese derecho de respuesta debe haber comprobación de que el medio no hizo la búsqueda adecuada del funcionario para ser entrevistado. En el caso del señor Garciaguirre este periódico lo buscó y le concedió los espacios, pero como también dice la resolución no es problema del medio si ese funcionario público no sabe defenderse o explicarse ante los cuestionamientos. Así que, funcionarios actuales y futuros, lean bien esta sentencia, sobre todo aquellos que dicen sentirse agraviados o cuestionados o los que dicen que todo es por el calor electoral.

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