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Funes: doble nacionalidad y la obligación de extraditar

La corrupción ya no es un problema local sino un fenómeno transnacional. Ello eleva aún más la importancia de que los Estados acaten los convenios internacionales sobre corrupción, con la finalidad de prevenirla, detectarla, combatirla y sancionarla.

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En ese sentido, debe analizarse la recién e irregularmente adquirida nacionalidad nicaragüense del expresidente de El Salvador y actual prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, y las implicaciones que ello podría tener con relación a las cinco órdenes de captura giradas en su contra por delitos relacionados con la corrupción.

La nacionalidad es el vínculo jurídico político que une a una persona con un Estado determinado. Una persona puede tener doble o múltiple nacionalidad, lo cual provoca, en algunas ocasiones, las naturalizaciones fraudulentas cuando la nacionalidad se invoca de mala fe o en abuso del derecho, con el objetivo de eludir una legislación que perjudica y colocarse bajo el imperio de otra que es favorable.

En casos de doble nacionalidad, el Convenio sobre Codificación del Derecho Internacional de La Haya expresa que "ningún Estado puede ejercer su protección diplomática en provecho de alguno de sus nacionales, contra otro Estado de que el sujeto sea también nacional".

Extensos antecedentes jurisprudenciales se han referido a los límites del derecho cuando una nacionalidad no es la efectiva, por no ser la que una persona ha mantenido en sus relaciones familiares, sociales, o políticas. En el "Caso Cannevaro", un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje estableció que Italia no podía invocar ante Perú la nacionalidad italiana de Rafael Cannevaro, por haber este ejercido su nacionalidad peruana al presentar su candidatura al Senado del Perú y haberse desempeñado como cónsul general del Perú en los Países Bajos. En el "Caso Nottebohm", la Corte Internacional de Justicia determinó que Liechtenstein no podía invocar ante Guatemala la nacionalidad adquirida por Fredrich Nottebohm, ya que "la nacionalidad es el vínculo jurídico que tiene por sustento un hecho social de adherencia, un vínculo genuino de existencia (...) la persona a quien se le otorga (...) está en la práctica ligada más estrechamente con la población del Estado otorgante de la nacionalidad, que con cualquier otro Estado".

Esas y otras resoluciones pueden aplicarse en el campo de la extradición. En el caso concreto del expresidente Funes, la salvadoreña es claramente su nacionalidad efectiva y constituye el único vínculo genuino. No puede rechazarse su extradición sobre la base de un fraude a la ley, reconocido así por el Derecho Internacional, el cual ha sido, además, lesivo del interés público nicaragüense.

La Convención Interamericana contra la Corrupción establece expresamente que la corrupción es un delito sujeto a extradición, no calificable como un delito político, estando obligados los Estados a cooperar entre sí. Dicha Convención y también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de las cuales El Salvador y Nicaragua forman parte, establecen la obligación del Estado que rechaza la extradición de enjuiciar al presunto delincuente. El Estado que no extradite y no juzgue (o juzgue fraudulentamente), se convierte en un santuario para la impunidad y adquiere responsabilidad internacional.

El Estado salvadoreño está obligado a tomar todas las acciones legales que correspondan para que Nicaragua extradite al expresidente Funes. Además, deberá pedirse la intervención de INTERPOL, pues ya cambió su condición jurídica de "asilado".

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