Cada semana, los diputados de la bancada oficialista, léase Nuevas Ideas y sus apéndices más algunos diputados opositores que acompañan por votación o por omisión, acompañan con sus votos y sin ningún debate de por medio las decisiones que emanan del Ejecutivo. La coordinación de esa fracción y su mansedumbre son tales que durante las plenarias, los escribanos de la propaganda redactan el mismo mensaje y les producen fotos parecidas a cada uno para compartir en sus redes sociales.

En esas expresiones, el denominador común de los parlamentarios es que están trabajando "por el bienestar del pueblo salvadoreño". Ayer, por ejemplo, ese fue el argumento con el que justificaron una reforma a la Ley del Presupuesto General de la República 2022, para la inversión en paquetes agrícolas. Lo mismo se leyó y escuchó después de otras sesiones en las que generalmente con dispensa de trámite los diputados cumplieron con las órdenes de la facción gobernante sin chistar o siquiera simular algún tipo de debate.

Esa es la dinámica instalada en el órgano legislativo, una desnaturalización de las funciones del congreso que justificada con aritmética electoral y con burlas para los partidos que antes eran mayoría sólo le es conveniente a Bukele y a aquellos de entre su círculo que necesitan de opacidad, de blindaje, de ahorrarse tiempos, controles o fiscalización. Esa faceta de la operación del Estado que lesiona entre otros el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, el concepto de máxima publicidad de los procesos de formación de ley y otras dimensiones de la vocación democrática que debería inspirar al gobierno, es poco discutida. Desde la contraloría social son más frecuentes las críticas a la chapucería de los diputados, a la superficialidad de sus discursos y a la pobreza de sus elaboraciones que a la crudeza con que ahora desde Casa Presidencial se trata a esos funcionarios de elección popular como a sus criados.

Aun si los legisladores recurrieran en privado a la objeción de conciencia, eso no los disculparía por callar ante decretos que le han supuesto agravios y perjuicio al orden constitucional y al Estado de derecho. Pero la conciencia es un bien poco común entre esas filas, dentro de las cuales sólo se han documentado casos de diputados que prefieren enviar a su suplente antes que participar de algunas votaciones y de otros que amenazaron con disenso sólo a cambio de acceder a alguna dádiva, mismos que se encuentran desaforados y fueron expulsados de la fracción.

Giro amargo de la crónica política, las unánimes quejas por el clientelismo legislativo, los rumores de que para comprar gobernabilidad presidentes anteriores repartían sobornos a diestra y siniestra en los otros poderes del Estado han dado paso a una nueva práctica: utilizar la aritmética electoral y sus resultados en la conformación parlamentaria para gobernar en automático, sin debate ni rendición de razones. Sin duda no es un método que requiera per se de la comisión de delitos para aportar efectividad líquida al régimen de turno, pero es igual de agraviante a todos los efectos constitucionales.

Medrar del erario, acceder a los beneficios que antes criticaban, simular un servicio público pero trabajar en función de intereses privados y renunciar al parlamento como herramienta para entregarse a la genuflexión y la reverencia vulgar, ese es el manual del nuevo diputado oficialista.