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Gobierno cocina una crisis a fuego lento en materia de centros penales

Fuera de los penales, madres, esposas e hijas hacen vigilia esperando alguna información sobre sus familiares detenidos o su liberación. Por eso pernoctan en esa inclemencia, porque los datos que brinda el gobierno a través de la administración carcelaria son a cuentagotas.

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Dentro y fuera de los centros penales hay una crisis humanitaria. Dentro, el hacinamiento que el gobierno se había propuesto remediar como uno de sus ejes de trabajo, amenaza a toda la población carcelaria, detenidos o no detenidos durante el régimen de excepción. Eso incluye un aumento significativo de su vulnerabilidad a enfermedades instaladas de modo endémico en los reclusorios, entre ellos la tuberculosis.

Fuera de los penales, madres, esposas e hijas hacen vigilia esperando alguna información sobre sus familiares detenidos o su liberación. Por eso pernoctan en esa inclemencia, porque los datos que brinda el gobierno a través de la administración carcelaria son a cuentagotas. El maltrato que se le ha dado a esas personas no tiene excusas, como han podido constatar las organizaciones civiles, las iglesias y los periodistas que han conversado con algunas de ellas día y noche.

El gobierno acomodó en el tema de las pandillas un discurso ecléctico, una construcción retórica según la cual preguntar, cuestionar o criticar cualquiera de los cabos sueltos, de los ángulos y de las hirientes aristas del régimen de excepción equivale a ser aliado de esos grupos delincuenciales. Es una idea peregrina, una tontería que sin embargo es blandida como un arma por algunos de los voceros de la administración.

Ante lo que se lee y se escucha de diversas fuentes, aún queda mucho por saber sobre la estrategia que el gobierno siguió para controlar los homicidios en su primer medio término, así como sobre los motivos del alza homicida de marzo que desató las condiciones actuales. Más que lo siniestro es lo desprolijo de esos manejos lo que inquieta al gobierno: si la información comprometedora corrió por más manos de las que hubiera querido, no le quedó de otra que satanizar cualquier posible filtración.

Para ello, recorrió el viejo camino de deslegitimar a los potenciales receptores de información y en general a todos los que desde la sociedad civil puedan criticar las violaciones constitucionales, los abusos de autoridad, la inversión en militarización y la eficiencia misma de este enfoque de seguridad a mediano plazo.

Aun cuando ese enfoque no es ético tratándose de la función pública y a que proceder de ese modo deshonra el mandato constitucional de varios de esos funcionarios, la estrategia propagandística no es perniciosa siempre y cuando su autor no se la crea. Pero a partir de sus manierismos, de sus reflejos y de sus métodos, el oficialismo se ha creído hasta la última letra y en el camino perdió conexión con la nación.

La desconexión, alentada por la visión maniqueísta de que sólo hay dos lugares desde los cuales relacionarse con el gobierno -de rodillas o en contra suya-, ha llevado al aparato público a justificar las vejaciones y humillación a la que ha expuesto a los familiares de los detenidos, personas que no han violado ninguna reglamentación y con las que el Estado exhibe el mismo patrón de indolencia y antipatía que en otras coyunturas humanitarias.

Toda crisis se manifiesta, independientemente de si las instituciones quieren o no reconocerlas. Y lo que ocurre en esos reclusorios, dentro y fuera, es un conflicto, un desastre y más problemas en potencia para un gobierno que cada día desaprovecha las oportunidades de cambiar su enfoque y ampliar su perspectiva.

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