Golpe a las finanzas de las pandillas

El nuevo régimen de excepción en siete prisiones, aprobado y sancionado el viernes pasado, es una respuesta largamente esperada por la sociedad. Y no se trata de que sea una medida temporal. El control del Estado sobre las cárceles debe ser permanente y sin interrupciones. En la medida que se pueda separar a los cabecillas de sus organizaciones se puede detener el avance de las actividades criminales.
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Al respecto, obligar a empresas telefónicas a hacer el trabajo del Estado muestra dos cosas: el reconocimiento de que el Gobierno no puede cumplir con sus funciones (evitar el ingreso de teléfonos celulares, chips, cargadores, desmontar los tomacorrientes en las prisiones y evitar –a través de bloqueadores– las señales de telefonía inalámbrica), pero también la incapacidad de llegar a acuerdos con privados para ejecutar planes de beneficio para toda la sociedad.

La nueva ley aprobada entró en vigencia el mismo día. Y ya ayer vimos las consecuencias: las empresas telefónicas han empezado a suspender su señal alrededor de las siete cárceles, pero no solo exclusivamente los recintos penitenciarios (que es lo que se lograría con eficientes bloqueadores de señal y control exhaustivo de lo que ingresa para los presos), sino también para las colonias circundantes a los penales. Esto representa un problema para ciudadanos honestos que tenían contratados servicios con estas compañías para objetivos legítimos. Sin embargo, la situación actual de inseguridad está cobrando sacrificios extras que tendrán que ser reconocidos y solventados en beneficio del estado de derecho.

La principal fuente de financiamiento de las pandillas es la extorsión que a diario cometen contra ciudadanos, pequeños empresarios, transportistas y distribuidores de productos. A eso jamás han renunciado. Hoy por hoy, la mayoría de las extorsiones se ordenan desde las cárceles. Y a eso obedece, en buena parte, el sentido de romper el contacto de los pandilleros detenidos con los que están en libertad.

Sin embargo, como dice Raúl Mijango (el exmediador entre las pandillas y el gobierno en la administración pasada), no todas las extorsiones se hacen desde los penales. O, como debería entenderse, las extorsiones no pararán porque no hay una orden desde el penal. Seguirán porque los pandilleros en las calles las seguirán haciendo. Tal vez podamos ver un golpe contra el financiamiento de estos grupos criminales, pero no es mortal mientras las pandillas puedan recomponerse y continuar sin la dirección de sus cabecillas presos. Ya lo han hecho y es muy probable que lo vuelvan a hacer.

Cuando las pandillas anuncian “treguas unilaterales” se refieren a homicidios, nunca a parar las extorsiones, porque son estas las que las mantienen y nutren. Esto significa que no renuncian a ser estructuras criminales porque han hecho del delito su forma de vida.

Además del control estricto en las cárceles, debemos esperar una respuesta más contundente del Estado en las calles, en la eliminación de las formas de blanquear el dinero y de usufructuarlo. Ahí tenemos el ejemplo de Honduras, que golpeó las empresas que habían fundado las pandillas, el hospital que utilizaban para curar a sus heridos y confiscó propiedades compradas con el dinero proveniente de la extorsión, además de millones de dólares en efectivo producto de ese crimen.

Si en Honduras las pandillas ya tenían ese grado de sofisticación, ¿por qué no hemos de pensar que aquí no lo estén igual, o en un estadio superior? Esto es esencial para realmente dar un golpe a la fuente de ingresos de las pandillas. No basta con blindar las cárceles.

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