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Guatemala, en un callejón estrecho

No es un mal espejo para reconocer los peligros que corren democracias como la nuestra: la decepción popular tras la nunca consumada promesa del neoliberalismo puede empujar a las naciones a callejones equivocados como el del caudillismo o a creer que a cambio de pan es válido renunciar a la libertad.Como lo sufre en carne propia otro pueblo hermano, el nicaragüense.

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La noción de democracia lleva implícita el concepto de opinión pública. De la suma de las opiniones de la nación, de su libre concurso, emerge idealmente un consenso pero en la práctica un saldo que luego se traduce en las decisiones electorales. Es decir, que en el concepto primigenio de este modo de gobierno "del pueblo sobre el pueblo" encontramos la aspiración del equilibrio.

Una vez decidido quién se encargará de administrar la cosa pública, el ejercicio del poder debe sí o sí suponer la discusión sobre los temas; sólo así habrá garantías que el soberano en su conjunto recibe beneficios del sistema, aun cuando la representación en el gobierno no le haya favorecido. Es el atractivo transaccional de este sistema político: al menos en teoría, la democracia es de suma positiva.

Llevada a la realidad latinoamericana, en este siglo incipiente debemos admitir que son tiempos complejos para las democracias. Por un lado, hay esfuerzos consistentes por manipular la opinión pública, recreando para ella espacios que parecerían libres pero que en realidad son herramientas de la propaganda al mejor postor, léase algunas de las redes sociales más populares. Asimismo, hay una peligrosa tendencia a resignar la libertad política y minusvalorar el Estado de Derecho ante regímenes que donde ni siquiera hay subsistencia prometen prosperidad y redistribución.

Esas tensiones se están manifestando en muchas de las democracias americanas, desde Estados Unidos hasta Chile; en Centroamérica, Guatemala es el ejemplo más obvio, y el cortocircuito entre amplios sectores sociales y la clase política cumple varios años. El fin de semana, una multitudinaria manifestación concluyó con represión de los cuerpos de seguridad y vandalismo en el edificio legislativo.

En un primer nivel de lectura, el disenso sobre el presupuesto, diseñado con una pingüe inversión en educación y salud y aprobado de modo exprés por una asamblea dominada por el partido oficial, ha desatado un divorcio tal en la nación guatemalteca que ha opuesto al presidente con el vicepresidente. En un segundo nivel de análisis, lo que sufre el vecino país es consecuencia de la incapacidad de los espacios oficiales, de la tribuna pública, para satisfacer a un activismo ciudadano cada vez mayor, a una conciencia colectiva que no es artificial sino arraigada.

Los ingredientes para una crisis están ahí: no es sólo que el caudal de indignación y exigencias de la ciudadanía guatemalteca sea poderoso, sino que el oficialismo no quiere abrir ninguna compuerta.

No es un mal espejo para reconocer los peligros que corren democracias como la nuestra: la decepción popular tras la nunca consumada promesa del neoliberalismo puede empujar a las naciones a callejones equivocados como el del caudillismo o a creer que a cambio de pan es válido renunciar a la libertad.

Como lo sufre en carne propia otro pueblo hermano, el nicaragüense, la libertad política es un derecho sólo si se la entiende y ejerce desde la perspectiva del ciudadano, como una protección contra el Estado; al contrario, los heraldos de la utopía en la región, los viejos y los nuevos, quieren convencernos de que el Estado también puede tener esa pretensión, como si la representatividad fuese una licencia para el despotismo, justificando la arbitrariedad del poder si sus principios son "nobles".

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