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Ha sonado la hora final para aplicar medidas y realizar ajustes en referencia a la crisis fiscal que vive el país

El FMI sugiere una ley específica al respecto, que incluya la transparencia presupuestaria, la proyección de ingresos, el control de gastos y la disciplina del endeudamiento.
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La visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país ha puesto las cartas sobre la mesa en lo referente a la situación que se está dando en el campo de las finanzas públicas y en lo tocante a las recomendaciones que se hacen para encararla con posibilidades de salir adelante. Las cosas se han dejado llegar más lejos que nunca, en buena medida porque son producto de muchas fallas acumuladas y también porque la dinámica política imperante al respecto ha sido incapaz de superar sus propios atolladeros. Ahora estamos ante el apremio de entrar en razón sin alternativas, y muchas de las recomendaciones del FMI apuntan en esa dirección de manera explícita y prácticamente insoslayable.

Temas cruciales como el aumento de la recaudación, el control del endeudamiento, la disminución del déficit fiscal, el tratamiento adecuado de los subsidios, el control del gasto público, una reforma previsional seria y sin manipulaciones, y la concreción de un acuerdo fiscal consensuado con vigencia permanente son inesquivables en el momento crítico que se vive. Se trata, sin duda, de postulados y de recomendaciones que van mucho más allá de los consejos que pueden ser asumidos o no. En este caso, y dada la gravedad cada vez más invasiva del problema, lo que en verdad se está planteando es una serie de correcciones y remodelaciones urgentes, sin las cuales ya no es factible impedir el avance hacia una crisis mucho mayor, de consecuencias que podrían llegar a ser catastróficas.

Algunas de las medidas recomendadas por el FMI para los años inmediatos, que abarcarían todo el resto del período presidencial en curso, tienen desde luego impactos significativos tanto en el desempeño económico general como en la percepción ciudadana. Así, para el caso, un eventual aumento del IVA, así sea para equiparar sus niveles a los que existen ya en otros países del entorno inmediato, es siempre un golpe a las finanzas del ciudadano. Y hay que tener cuidado al eliminar exenciones y al crear nuevos impuestos para que la pretendida normalización financiera no vaya a frenar mecanismos vitales para el crecimiento, como son los incentivos fiscales a la inversión.

Es evidente que todo lo que se tenga que hacer en función de tratar y resolver de veras toda esta problemática es un desafío de extraordinaria trascendencia. El hecho de haber venido queriendo aplicar remedios de ocasión a necesidades de fondo lo que ha producido es más complicación y más inviabilidad. Como ha dicho el representante del FMI al referirse a lo que vive El Salvador en este campo, lo que el país necesita es un consenso social. Es decir, algo más que un mero consenso político, que desafortunadamente tampoco existe hasta la fecha.

La responsabilidad fiscal es un punto decisivo que habría que encarar sin tardanza. El FMI sugiere una ley específica al respecto, que incluya la transparencia presupuestaria, la proyección de ingresos, el control de gastos y la disciplina del endeudamiento. De eso se ha venido hablando en el país, y lo que hoy se impone, en este como en todos los otros puntos, es pasar de las discusiones a las decisiones.

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