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Habría que estructurar políticas que hagan posible controlar responsablemente el crecimiento de la deuda pública

Tener enfrente ejemplos tan dramáticos y patéticos como el de Grecia tendría que servirnos para poner nuestras barbas en remojo.
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Las condiciones en que han llegado a moverse las finanzas estatales son cada vez más preocupantes, y todo hace ver que lo básicamente prudente sería encarar tal situación no con reacciones de ataque o de autodefensa, sino con voluntades orientadas a poner el problema en su justa dimensión para activar, a partir de ahí, los tratamientos y las soluciones que sean capaces de revertir el fenómeno actual. Hay que tener en cuenta dos componentes de la más alta significación al respecto: la necesidad de reconocer que sólo la interacción de los diversos actores nacionales puede orientarnos de veras en la ruta conveniente y el imperativo de aceptar que esto será un proceso que tendrá que irse manejando por etapas.

La tendencia al crecimiento de la deuda pública viene de lejos, y coincide con la desaceleración económica que empezó a manifestarse en forma oscilante poco tiempo después de haberse iniciado la posguerra; es decir, hace unos 20 años. Lo que ha habido a lo largo de todo ese tiempo es un desbalance creciente entre lo que se recibe y lo que se gasta. Es cierto que hay compromisos ineludibles por cumplir, tanto de orden institucional como de naturaleza social; pero la clave del buen desempeño está en impulsar posibilidades de crecimiento a la vez que se administra en forma sensata la política de desembolsos. Hasta ahora, las actitudes gubernamentales acumuladas responden más a la lógica del hijo de dominio que a la lógica del buen padre de familia, y por eso hemos arribado a donde estamos.

La deuda pública ha llegado ya al 60% del PIB, y continúa en ascenso. Además, el gasto corriente está notoriamente en crisis periódica, por lo que se acelera la deuda de corto plazo. La ansiedad por los 900 millones de dólares es producto de ello. Y lo que en definitiva está en juego es la solvencia del país, que aún se mantiene, pero ya en zona de riesgo. Tener enfrente ejemplos tan dramáticos y patéticos como el de Grecia tendría que servirnos para poner nuestras barbas en remojo. Creer que el tiempo resuelve por su sola cuenta los problemas es la trampa más peligrosa que puede haber.

En el fondo, aquí y en todas partes, la clave está en acatar la disciplina que la misma realidad recomienda, tanto en épocas de normalidad bonancible como, sobre todo, en tiempos de dificultad amenazante. Estamos en el límite de la conducta autocomplaciente, y lo que nos toca como país y como institucionalidad es asumir el desafío ineludible del ordenamiento eficaz. Hay que dejar de lado, sin contemplaciones, el clientelismo político, que viene hinchando la planilla en el sector público. Y también hay que establecer prioridades funcionales en el gasto. Nada de esto produce réditos de imagen, pero ya no hay otra vía para lograr estabilidad y predictibilidad, insoslayables para garantizar desarrollo.

Cualquier forma de populismo es incompatible con lo que la realidad está demandando en las actuales circunstancias en función de asegurar el desenvolvimiento sostenible del proceso nacional. Cualquier recurso “ingenioso” para salirse por la tangente no sólo carece de validez sino también de practicabilidad. Entremos todos en razón mientras todavía es hora de evitar males mayores. Las señales atendibles en esa línea.

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