Habría que ir limpiando eficaz y sostenidamente la institucionalidad de todas las formas de abuso, de aprovechamiento y de corrupción

Organizar el manejo de la austeridad es, desde luego, responsabilidad inmediata de todos aquellos que participan en la gestión pública, y por eso son ellos los más enfocados por el ojo ciudadano.
Enlace copiado
Enlace copiado
Es claro que en nuestro ambiente, tan convulsionado e inseguro por tantos factores adversos, se vienen generando cada vez más dinámicas orientadas a fortalecer el imperio de la legalidad, que tradicionalmente ha sido tan vulnerable a las amenazas y a los ataques de la más diversa índole. En los temas cruciales de la transparencia y de la probidad hay muchísimo trabajo por hacer, pero al mismo tiempo hay que reconocer que las cosas se vienen moviendo hacia lo positivo, aunque dicho avance es a todas luces dificultoso y con frecuencia traumático. En las instituciones persisten variadas resistencias al ejercicio verdaderamente transparente y los instrumentos para fortalecer la lucha contra la corrupción, como es la normativa de probidad actualmente en cuestión, están rodeados de maniobras para volverlos más aparentes que reales.

En la más reciente medición de Transparencia Internacional nuestro país recibe un puntaje de 39 sobre la base de 100. No hemos avanzado en comparación con el año 2014, y eso muestra que la dinámica de mejoramiento no se ha activado de manera satisfactoria. Hay variadas opiniones al respecto, desd los que hablan de estancamiento hasta los que hablan de avance; pero lo importante es que se dinamicen de la manera más efectiva posible los esfuerzos para ir limpiando los vicios acumulados, en función de llegar a ser un país en el que las conductas públicas estén en todo caso regidas por la corrección moral y por el respeto a la ley. Es de destacar que lo que se mide en este caso es la percepción ciudadana, y eso habría que tenerlo muy en cuenta, porque dicha percepción influye decisivamente en lo que puede ser la normalización progresiva de nuestra atmósfera nacional.

La ciudadanía está cada vez más atenta a cómo se comporta la institucionalidad, y muy específicamente a cuál es el desempeño concreto de sus representantes. El Salvador atraviesa por una zona crítica en muchos sentidos, y la falta de desarrollo suficiente incide decisivamente en todo lo que está pasando. Eso determina que haya un imperativo de austeridad ineludible, lo cual pone en la picota todas las formas de frivolidad, de despilfarro y de abuso que se conectan de manera directa con las tentaciones del poder. Organizar el manejo de la austeridad es, desde luego, responsabilidad inmediata de todos aquellos que participan en la gestión pública, y por eso son ellos los más enfocados por el ojo ciudadano. Es patente que la ciudadanía no está dispuesta a seguir pagando las consecuencias de la irresponsabilidad institucional, y esto se grafica en puntos tan sensibles como el de las pensiones.

Todo el trabajo por hacer en estos campos requiere muchas voluntades en juego. La vigilancia y la crítica son desde luego indispensables, pero igualmente lo son el compromiso y el acompañamiento en todo aquello que conduzca a una institucionalidad más transparente y a una sociedad más participativa. Hay que contar con legislación pertinente y también con acción determinante. Habría que superar, sin reservas, la perversión de las leyes que se quedan en el papel, comenzando por la Constitución de la República.

Nos hallamos en una etapa crucial de nuestro desenvolvimiento democrático. La inseguridad es el peor enemigo del avance. Y la opacidad institucional es una de las formas más nocivas de inseguridad. Hagamos, pues, todo lo necesario para pasar a lo constructivo en todos los órdenes.

Tags:

  • legalidad
  • probidad
  • transparencia
  • institucionalidad

Lee también

Comentarios

Newsletter