Hacer que el país funcione como debe ser es responsabilidad de todos, y hay que lograr que tal responsabilidad se concrete

Hay que programar y planificar tanto el crecimiento como el desarrollo, y hacerlo conforme a lo que la misma realidad pone sobre el terreno.
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Una de las tareas vitales e inaplazables en esta nueva etapa del proceso democratizador que se ha abierto luego de las elecciones legislativas y municipales del pasado 1 de marzo consiste en hacer que el país, como conjunto integrado y organizado, comience a funcionar en forma coherente con los requerimientos de la realidad que vivimos, con las aspiraciones cada vez más apremiantes de la ciudadanía y con las demandas de modernización que son propias de los tiempos que corren, tanto en los ámbitos nacionales como en los espacios regionales y en los niveles globales.

Ya no es posible, bajo ningún concepto, seguir dándole la espalda a la necesidad de estar verdaderamente a tono con los tiempos, que exigen transformaciones evolutivas en todos los órdenes. Esta no es una opción política, sino una exigencia del proceso nacional en marcha. Los costos de no hacerlo o de hacerlo a medias son patentes y van aumentando en la medida que el tiempo pasa sin responder en la forma adecuada.

Cuando hablamos de que el país funcione como debe ser nos referimos a asegurar y a activar todo lo necesario para que la nación en su conjunto despliegue todas sus potencialidades y para que la ciudadanía en general prospere en la medida y con el ritmo deseados. La meta principal no puede ser otra que esa prosperidad constante, suficiente y compartida, de la que dependen tanto la estabilidad como la seguridad.

El enfoque realista con perspectiva nos va indicando a cada paso, con hechos elocuentes por sí mismos, que no puede haber progreso sin prosperidad ni prosperidad sin apertura equitativa. Esto debe ser un compromiso estructural responsable, que no tiene nada que ver con el populismo de ocasión ni con las iniciativas para ganar imagen política, distorsiones tan comunes en el quehacer político nacional, sobre todo en los tiempos más recientes.

Es hora más que sobrada para que los salvadoreños, sin distinciones ni discriminaciones, nos decidamos a emprender el análisis de fondo sobre las causas que frenan el crecimiento económico y sobre las consecuencias que derivan de tales causas. Ha habido una especie de persistente miopía estratégica acompañada por las desviaciones que provoca la tendencia también crónica a improvisarlo todo al vaivén de las circunstancias del momento político. Y además ha faltado y sigue faltando, como lo venimos señalando de manera sistemática, el proyecto integrador que le dé vida a una auténtica agenda nacional practicable. Está comprobado hasta la saciedad que todo lo anterior es la receta perfecta para hacer prevalecer la inoperancia y el desorden, que son tan notorios en el país desde hace tanto tiempo.

El crecimiento y el desarrollo nunca se dan de manera espontánea, y esta es una enseñanza práctica que se viene repitiendo en el curso del tiempo en todas partes. Hay que programar y planificar tanto el crecimiento como el desarrollo, y hacerlo conforme a lo que la misma realidad pone sobre el terreno. Y como los salvadoreños nos hemos resistido siempre a ser programadores y planificadores no hemos sabido articular iniciativas ni aprovechar oportunidades. Las consecuencias nefastas de ello se hacen sentir por sí mismas.

Contra toda lógica práctica, venimos tropezando reiteradamente con la misma piedra. No hay justificación alguna para seguirlo haciendo.

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  • elecciones
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