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Hacienda pública: un trabajo serio

...La crisis fiscal ha sido causada principalmente por los dos últimos gobiernos. El 63 % de la deuda actual solo les corresponde a ellos... ha llegado el momento que hay que terminar con el malabarismo financiero y apegarse a la realidad.
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El manejo de la Hacienda Pública debe ser una función de gran responsabilidad y honestidad, tanto en el uso de los recursos como apegarse a la verdadera situación financiera en el marco de la Constitución y las leyes vigentes.

En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff enfrenta un juicio político que lleva el camino de la destitución por “atentado a la Constitución” resultante de graves irregularidades en el manejo de los presupuestos, lo que llevó al país a un “descontrol fiscal”, al que se suman sonados escándalos de corrupción del gobierno anterior y en el de ella misma. Cualquier similitud con El Salvador es pura coincidencia.

Si se aplicara en El Salvador un criterio de total cumplimiento de la Constitución, más de alguna autoridad del actual y anteriores gobiernos e incluso parlamentarios estarían en serios aprietos, porque han violado la Constitución. Entonces viene la gran pregunta: si en ella hay un acuerdo de país para el sano manejo de las finanzas públicas, ¿qué garantiza que mañana se respete un simple acuerdo político?

Recordemos, el “Acuerdo para la Sostenibilidad Fiscal” firmado entre el Órgano Ejecutivo y todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa el 18 de octubre de 2012, para “crear condiciones indispensables encaminadas al mantenimiento de la sostenibilidad fiscal y económica del país, sin comprometer los programas sociales que benefician a la población más vulnerable”, no fue cumplido. Al Gobierno solo le interesaba tomar el dinero y después seguir manteniendo su política de indisciplina fiscal.

La Constitución es clara. Artículo 226: “El Órgano Ejecutivo, en el Ramo correspondiente, tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará específicamente obligado a conservar el equilibrio del Presupuesto, hasta donde sea compatible con el cumplimiento con los fines del Estado”.

Lo clave está en “conservar el equilibrio”, porque los fines del Estado no pueden ser infinitos ni deben incluir el despilfarro y el buen vivir de los funcionarios, sin distinción del partido que gobierne. Además, para que haya equilibrio se deben incluir “todos” los gastos y se debe evitar “sobredimensionar” los ingresos. Y el gobierno central ha tomado esta mala práctica de presentar presupuestos “mentirosos” y algunos partidos aprobarlos sin cuestionar. Resultado: la Hacienda Pública está en situación de quiebra “técnica”, algo que ya nadie discute.

Luego, el artículo 227 dice: “En el Presupuesto se autorizará la deuda flotante en que el Gobierno podrá incurrir, durante cada año, para remediar deficiencias temporales de ingresos”.

Reitero lo expresado en múltiples ocasiones: “Aquí ha habido una constante violación de la Constitución” y a nadie le importa. La autorización debe ser solo para el año y para deficiencias “temporales” de ingresos, lo que significa, que en los meses de altos ingresos y liquidez de caja, mayo y junio, el saldo de las LETES debería ser “cero” y sin discusión.

Si se cumpliera la Constitución, no sería necesario un Pacto Fiscal. ¿Por qué se busca entonces? Para encontrar otros mecanismos que permitan ayudar a que se cumpla la Constitución, pero si no hay sanciones para la autoridad responsable de las finanzas públicas, no hay garantías de nada. Al Gobierno solo le interesa obtener lo antes posible los $1,200 millones y nada más.

Ahora, argumentar que se está pagando parte de la deuda en que incurrieron los gobiernos de ARENA –también del FMLN–, es cierto, pero olvidan decir que fue para pagar la reconstrucción de la infraestructura destruida por la guerrilla, para absorber a los desmovilizados y para financiar una nueva institucionalidad resultante de los Acuerdos de Paz, donde quienes están en el gobierno son los grandes beneficiados.

De los ¢21,500 millones ($2,457 millones, unos 20 puntos del PIB de esos años) que costaron los Acuerdos, $742 millones los aportó la comunidad internacional, los $1,714 millones restantes los han dado con gran sacrificio todos los salvadoreños, incluyendo préstamos y el IVA.

Claramente, la crisis fiscal ha sido causada, principalmente por los dos últimos gobiernos. El 63 % de la deuda actual solo les corresponde a ellos. Los causantes de la quiebra técnica del Estado y los costos que el ajuste necesario tienen sus nombres escritos en la historia de El Salvador. Lo positivo: ha llegado el momento en que hay que terminar con el malabarismo financiero y apegarse a la realidad.

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