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¿Hay capacidad de hacerlo?

La sentencia 156-2012 de Sala de lo Constitucional (diciembre de 2016) reconoció que es inconstitucional la omisión legislativa de otorgar un trato diferenciado a los ciudadanos aptos para votar o para ser votados en cargos públicos en función de su lugar de residencia.

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Sandra de Barraza

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Confiando en la capacidad ejecutiva de la Asamblea Legislativa, la Sala estableció el 31 de julio de 2018, para "regular los procedimientos y condiciones necesarias para que los ciudadanos salvadoreños con residencia en el exterior, que cumplan con los requisitos constitucionales y legales, puedan votar en elecciones legislativas y municipales –sufragio activo– y, además, para que puedan postularse a cargos públicos de elección popular en elecciones presidenciales, legislativas y municipales –sufragio pasivo".

A partir de esa fecha, los salvadoreños residentes en el exterior tendrían el trato de igualdad establecido en el artículo 3 de la Constitución de la República y de gozar del derecho al sufragio que establecen los artículos 72 y 79 de la misma. Establecieron como referente para cumplir, en las elecciones para diputados y concejos municipales de 2018. Y, previendo dificultades en la implementación, plantearon como límite para garantizar el derecho, las elecciones de 2021.

Es claro dónde están ubicados los salvadoreños en el exterior. En Estados Unidos está más del 95 % de los registrados para votar (351,000). Fundaungo publicó información sobre la participación de los empadronados en las elecciones. En 2014 participó el 1.9 % de los inscritos en el registro en primera y segunda vuelta. En las elecciones de 2018 la participación se redujo al 1.7 %. Esto fue así, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral, con los resultados de 2014, se comprometió a simplificar el proceso de inclusión en el padrón, a desarrollar estrategias de información y comunicación masivas, a dar certeza sobre la entrega efectiva del material electoral y su retorno, y, además, a elaborar materiales de fácil comprensión. ¿Cumplió? Los resultados hablan por sí solos.

Los salvadoreños en el exterior ¿tienen incentivos e interés de ejercer el sufragio? Muchos no lo hacen por falta de información, por dificultades burocráticas intencionalmente impuestas, por la centralización de los lugares para registrarse y por el costo que representa la movilización. Los consulados son pocos, los trayectos que recorrer son largos y representan un día o más de trabajo, sin tener la certeza de lograr concluir con los trámites. Al igual que en otras instituciones, los burócratas encargados pueden decir "vuelva mañana". Y así ¿para qué intentarlo?

Los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa de 2015-2018 no pudieron asumir la responsabilidad asignada en la sentencia de la Sala. Pidieron prórroga y se concedió. En ese entonces, no se explicaron las causas para no concluir la tarea. Los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa de 2018-2021 tampoco han podido asumir la tarea con el alcance planteado en la sentencia. Buscan y seguirán encontrando razones para no superar la "omisión legal del trato desigual de los salvadoreños residentes en el exterior" planteada por la Sala. Buscarán y encontrarán razones para no hacerlo. No lo dudo. Pero ¿cuándo van a explicarlas con detalle?

Pregunto porque la sensación que dejan públicamente es la de no haberse ocupado apropiadamente del tema. Pregunto porque la sensación que dejan es que ganarán tiempo para cumplir con la tarea gracias al veto presidencial. Por esto, es oportuno que expliquen públicamente, con detalle, las implicaciones y los requerimientos que exige cumplir al pie de la letra lo que sentenció la Sala. Es importante que den la información necesaria para que todo ciudadano comprenda la dimensión y sea capaz de enjuiciar la viabilidad de la gradualidad.

La sentencia estableció progresividad en la implementación de la normativa. La sentencia reconoció limitaciones en las capacidades organizativas y financieras de las instituciones implicadas en los procesos electorales. Sin embargo, aunque el espíritu de la sentencia sea que prevalezca el derecho ciudadano sobre cualquier justificación burocrática, es fundamental explicar las limitaciones organizativas y financieras que se enfrentan. ¿Es posible superarlas? Nadie negará los derechos establecidos en la Constitución de la República. Pero ¿hay visión compartida sobre las limitantes?

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  • Sala de lo Constitucional
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