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Hay dónde recortar gasto

La solución del “desorden” fiscal requiere voluntad política del Gobierno, cumplir el Acuerdo de noviembre y la Ley de Responsabilidad Fiscal, proceder con la reforma de pensiones que presenten los trabajadores... y hacer públicas sus propuestas planteadas en Washington.
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La lucha contra la corrupción está tomando fuerza en todo el mundo y también en El Salvador, donde la irracionalidad y el populismo han creado “una situación fiscal desordenada”, según el presidente de la República, quien así reconoce que dada las malas gestiones financieras son los directos causantes de la crisis fiscal.

¿Cómo puede haber una crisis fiscal si la recaudación tributaria (lo que pagamos en impuestos) subió de $2,609mm en 2009 a $4,166mm en 2016, tras 22 nuevos impuestos o aumentos de tasas? Han recibido $1,577mm más, un aumento de 60 %, cuando la inflación ha sido 9.6 % en estos años.

Entonces, el problema no es de ingresos sino de gasto fuera de proporciones, causa principal del “desorden” fiscal y la quiebra técnica de las finanzas públicas. Pero, cuando se pide reducir el gasto, el Gobierno responde que no puede porque eso sería recortar programas sociales.

Respuesta totalmente falsa, ahora comprobada con las revelaciones de FUNDE sobre los gastos “reservados” de la Presidencia, los cuales también son una tentación para realizar actos corruptos.

El primer gran salto de gastos reservados se dio en la gestión Saca, aumentando de $145mm a $301m, más del doble; luego la gestión Funes aumentó otros $50mm para llegar a $351mm; y en la gestión actual se han gastado $95.4mm entre 2014 y 2015; y si usaron algo más en 2016 y 2017, entonces serían cerca de $200mm más.

Si se congelaran los fondos “reservados” de CAPRES a no más de $6mm, eso financiaría lo que falta a las pensiones del IPSFA y las elecciones 2018. Además, que nadie gane un salario mayor que el del presidente, se eliminen carros, reduzca viajes, congelen plazas, entre otros. ¿Y dicen que no hay dónde recortar?

Y cobren los impuestos a quienes no pagan. El viceministro de Ingresos dijo que la evasión es “no menos de $1,500mm”. Si hicieran el trabajo y cobraran la mitad de esto prácticamente desaparecería el déficit fiscal.

Tampoco ha sido falta de préstamos. El total de la deuda del sector público no financiero subió de $10,371mm (50.2 % PIB) en mayo de 2009 a $17,558mm (65.7 % PIB) a diciembre de 2016. Han tenido $7,171mm más provenientes de endeudamiento y falta por agregar: (i) los $550mm aprobados en noviembre; (ii) los $282mm para pago de pensiones del IPSFA y a los trabajadores por los fondos que el Gobierno tomó prestado de sus ahorros; y (iii) los $13mm para las elecciones 2018.

Desorden fiscal, creciente endeudamiento y peores calificaciones de riesgo país han elevado el pago de intereses de $525mm en 2008 a $829mm en 2017, sin considerar los nuevos préstamos que está pidiendo el Gobierno. Pagamos $304mm más en intereses: este es el costo del “desorden fiscal” que estamos pagando todos los salvadoreños.

Recordemos que en el “acuerdo de octubre de 2012”, el Gobierno se comprometió con “ordenar” las finanzas públicas a cambio de la aprobación de $800mm, pero no cumplió. Luego, se aprobaron otros $800mm en junio de 2014, para pagar las LETES y contener su uso. El Gobierno no cumplió. El presidente electo Sánchez Cerén dijo en entrevista en TV21: “Hemos analizado las finanzas del país y la situación fiscal y hay salidas... hay puertas de salida para que el país cuente con recursos necesarios”, al tiempo que reconoció que se debían tomar medidas para aliviar la deuda”. Pero no cumplió esto último.

Por el desorden fiscal, ya se señalaba el posible aumento del IVA. El Gobierno “descartó rotundamente que existan intenciones de incrementar el IVA”, mientras el ministro de Hacienda reiteraba “el presupuesto no está desfinanciado, y por el contario es austero y acorde a la realidad económica del país” (Transparencia Activa, nov/2014). Nada de eso fue ni es verdad, seguimos con un presupuesto desfinanciado, derrochador y reñido con la realidad del país.

La solución del “desorden” fiscal requiere voluntad política del Gobierno, cumplir el Acuerdo de noviembre y la Ley de Responsabilidad Fiscal, proceder con la reforma de pensiones que presenten los trabajadores, respetando la propiedad privada de sus ahorros, y hacer públicas sus propuestas planteadas en Washington a los organismos multilaterales. Esto, más estímulos a la actividad económica y generación de empleos, darían un gran paso para “sanear las finanzas”.

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