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Sandra de Barraza - Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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Da gusto conocer el Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades (octubre de 2017) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Es el primer informe y en la introducción reconocen que "es el punto de partida para la definición de lineamientos para su reducción y mitigación, incluyendo medidas de prevención (gestión correctiva y prospectiva) y de preparación (gestión reactiva y protección financiera)".

Con este primer Informe cumplen con el artículo 18 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres vigente desde 2005. El inciso "d" obliga a elaborar un Informe Nacional al entonces Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET). Lo liquidaron y quedó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como responsable. Doce años han pasado del mandato legal y es hasta el año recién pasado que el director general de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, adscrito funcional y jerárquicamente al Ministerio de Gobernación, cuenta con el obligado y necesario Informe. Ahora le corresponde difundirlo "previa aprobación de la Comisión Nacional" presidida por el ministro de Gobernación. Ignoro cuáles son los criterios que tendrá la Comisión Nacional para aprobar al director general la difusión, pero no hacerlo es irresponsable.

Primero, destaco que el Informe debe ser la base para formular el Plan Nacional al que el mismo director general está obligado. Segundo, reconozco que la información tiene múltiples utilidades, por ejemplo, para las escuelas y también para los diputados que representan necesidades e intereses de los departamentos. Y tercero, con la riqueza de información de diferentes sectores, es un desperdicio no utilizarla para la actualización de políticas y estrategias territoriales. El Informe, tal como se plantea en la Introducción, debe actualizarse periódicamente para reflejar los continuos cambios del territorio. ¿Cada cuánto tiempo lo van a hacer? Ojalá que este Informe sea una exigencia de medio término de gestión administrativa en el Órgano Ejecutivo.

Sin pedir autorización a la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para difundirlo, el Informe oficial reconoce que "la manera más efectiva para reducir el riesgo en el país es disminuyendo la vulnerabilidad que ha sido resultado de la falta de planificación territorial, pobreza, falta de educación y adopción de malas prácticas agrícolas". La escala de los desastres a nivel local, dice, "hace necesario intervenir a este nivel para la reducción de la vulnerabilidad". Y esto implica "directrices para el ordenamiento territorial; fortalecer el monitoreo de las amenazas, sistemas de alerta tempranas y gestión del conocimiento; la incorporación de la gestión de riesgos en las políticas públicas; y la construcción de territorios más seguros ante las amenazas naturales. ¿Quién puede oponerse a semejante planteamiento? Acabamos de vivir la necesidad de esto.

Y ¿quién podría oponerse a difundir esta información adecuándola a diferentes públicos? "En El Salvador el 88.7 % del territorio se considera zona de riesgo". ¿Cómo no difundirlo? El Informe registra que el 95.4 % de la población está asentado en esa porción de territorio. ¿Cómo no difundirlo? Se dice que El Salvador "ha logrado importantes avances en la observación sistemática y la alerta temprana" y que con esto "se ha consolidado el Centro de Monitoreo Integrado de amenazas más potente de la región". ¡Qué orgullo! Pero... de poco sirve si la gente común y corriente no reconoce sus riesgos, sus amenazas y sus vulnerabilidades.

Tags:

  • MARN
  • estrategias territoriales
  • riesgo
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