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Hay o no hay

Estamos como estamos porque los funcionarios no han querido asumir su responsabilidad y mucho menos, cumplir con las atribuciones competentes al cargo, el nivel y la institución en la que se desempeñan.
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Hay o no hay orden público. Hay o no hay orden territorial. Hay o no hay orden institucional. Hay o no hay orden jurídico. En esto no hay medias tintas. ¿Orden? El término tiene varias acepciones en el diccionario de la Real Academia Española. Destaco la primera: orden es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde.

Hay o no hay ordenamiento jurídico. Hay o no hay ordenamiento territorial. Hay o no ordenamiento vial. Hay o no hay ordenamiento administrativo. Hay o no hay ordenamiento civil. Hay o no hay ordenamiento penal. Hay o no hay. No hay medias tintas. Y en el diccionario el ordenamiento se entiende como la acción y efecto de ordenar.

Orden y ordenamiento son dos condiciones indispensables para una convivencia democrática, pacífica y justa. Sin orden difícilmente el pluralismo funciona. Sin orden difícilmente las leyes funcionan. Sin orden es imposible aprovechar los recursos disponibles. Sin orden, el financiamiento que se destina para la modernización institucional se tira en saco roto.

Nuestra sociedad tiene problemas de convivencia que no se limitan a la inseguridad y violencia generalizada en nuestro país. El problema es más profundo. Las leyes y sus reglamentos no se aplican. Y cuando se aplican, se aplican a medias. Esta práctica lleva a la discrecionalidad, a la arbitrariedad, a privilegios y a la impunidad. No hay orden público.

¿Orden público? Con sencillas palabras el mismo diccionario lo define como “la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas en las que las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades” y como “el conjunto de principios informadores del orden social que constituyen un límite a la libertad de pactos”.

Esta semana hemos tenido dos ejemplos de la falta de orden público. El primero se vio a todo color en el municipio de Mejicanos: 50 o 60 personas molestas por lo que mal llaman “re” ordenamiento en el área del mercado municipal protestaron, amontonaron y quemaron el material de sus puestos “temporales” de ventas ubicados en las aceras permanentes para el paso de peatones.

Por su derecho al alimento, justificaron la batalla campal contra las autoridades del municipio, con los propios y seguramente con ajenos. Lo que empezó con el “estilo tradicional de protesta callejera” terminó incendiando el mercado municipal, patrimonio público del municipio.

La autoridad del Cuerpo de Agentes Municipales dio declaraciones públicas sobre la medida y la justificación de su intervención. El mensaje se entendió. Muchos aplaudimos la medida porque es competencia municipal la “regulación del uso de parques, calles y otros sitios municipales”. Y el peatón tiene derecho y prioridad sobre el uso de las aceras.

El municipio de Mejicanos tiene ¿200,000 habitantes? ¿225,000 habitantes? En 2007, el Censo de Población registró casi 141,000 habitantes. Y toda esa población vive y convive en los 22 km² de territorio. No hay más.

El segundo caso es en el municipio de Santa Tecla: 75 o 90 familias invadieron terrenos municipales en el periodo administrativo anterior. Los terrenos son patrimonio del municipio y, tal como lo establece la ley, ningún patrimonio del municipio puede destinarse a beneficio privado. Hay gestiones de desalojo y se tenía fecha definida.

Se repite la historia. Se organiza la tradicional protesta callejera con propios y seguramente con ajenos. Demandando su derecho a vivienda, justifican la usurpación de espacios públicos, usurpación que se da por la falta de ordenamiento administrativo y por la falta de efectividad en la gestión de recursos.

El municipio de Santa Tecla tiene ¿200,000 habitantes? Más o menos y todos viven y conviven en 112 km² de territorio. No hay más espacio para satisfacer las necesidades, las demandas ni las expectativas de la población.

Estamos como estamos porque los funcionarios no han querido asumir su responsabilidad y mucho menos, cumplir con las atribuciones competentes al cargo, el nivel y la institución en la que se desempeñan. Las autoridades locales se desentienden del orden por unos cuantos votos. Y a las autoridades centrales especializadas en los temas, ni les importa.

¿Quién debe asegurar qué? Cuándo un funcionario local se atreve al ordenamiento hace prevalecer los derechos de todos. Los derechos no son exclusivos de las minorías organizadas que con “libertad” protestan hasta que le tuercen el brazo a la autoridad. ¿Y el orden público?

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