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Hay que activar la responsabilidad fiscal para no seguir en este ahogo constante que perjudica al proceso y a la gente

Los acuerdos políticos son insoslayables, pero a la vez las resistencias a lograrlos pueden más que la necesidad de trabajar en ellos. Y las inminencias electorales juegan a favor de la irracionalidad. El país camina sobre la cuerda floja, y esto no se puede minimizar con argumentos de ningún tipo.
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El deterioro sostenido de las finanzas públicas es uno de los problemas funcionales más graves que viene afrontando el país desde hace ya largo tiempo, y el hecho de que no se hayan dado hasta la fecha recomposiciones y reorientaciones verdaderamente correctivas complica cada vez más las cosas en este campo. El nudo gordiano está en la conducta gubernamental al respecto, ya que la resistencia a entrar en una aplicación racional de los recursos, tanto en sus montos como en sus destinos, imposibilita la apertura de opciones que restauren equilibrios y estimulen confianza, sin lo cual nada de lo que se haga puede prosperar.

El desarrollo sostenible, la funcionalidad administrativa y la equidad social se ven constantemente golpeados por la irresponsabilidad fiscal, independientemente de las vestiduras con que dicha irresponsabilidad quiera cubrirse. Y para que el panorama cuente con todos los componentes básicos para asegurar el progreso hay que agregar la transparencia como elemento vitalizador en los distintos ámbitos del sistema. El caso salvadoreño es muy elocuente en todos esos órdenes, porque en cada punto de los mencionados hay deficiencias que reclaman reajustes que vayan poniendo las cosas en su lugar natural y normal.

Lo primero sería, en cualquier circunstancia, ordenar la casa a partir de la disciplina en todos los comportamientos públicos, y muy en especial en aquellos vinculados a las finanzas y sus desempeños. Si esto no se concreta de manera consistente y confiable, los traspiés y los ahogos seguirán a la orden del día, cada vez con más tentaciones de activar medidas de ocasión, por temerarias que sean. Tanto el endeudamiento descontrolado como la tendencia a crear impuestos sacados de la manga vienen haciendo mella en el ambiente cuyo deterioro es inocultable; y ante un panorama semejante lo que se impone, sin alternativa, es tomar conciencia de la realidad, no escudarse en pretextos justificativos ni retrasar por más tiempo los ajustes sustanciales que son necesarios.

Así como están las cosas, la vulnerabilidad y la inseguridad se irán haciendo mayores con todos sus peligros asociados. Los organismos y organizaciones internaciones más vinculados a toda esta temática vienen insistiendo en que los reordenamientos pertinentes no pueden esperar más si es que se quieren evitar males aún mayores. Para el caso, la calificadora de riesgos Fitch Ratings calcula que en el último semestre del año en curso el Gobierno necesitará contar con 700 millones de dólares para cumplir obligaciones para las que por hoy no hay financiamiento disponible, y dicho cálculo de seguro es conservador.

En lo inmediato, pues, las apreturas ahogantes siguen a la vista, sin que haya mecanismos que induzcan a confiar en que se van a activar tratamientos que no sólo superen la coyunturalidad crítica sino que orienten hacia un futuro más estable y manejable. Y esto es lo más grave: que el deterioro persiste como una especie de plaga fuera de control. Los acuerdos políticos son insoslayables, pero a la vez las resistencias a lograrlos pueden más que la necesidad de trabajar en ellos. Y las inminencias electorales juegan a favor de la irracionalidad. El país camina sobre la cuerda floja, y esto no se puede minimizar con argumentos de ningún tipo. Hay que actuar sin alternativas.
 

Tags:

  • responsabilidad fiscal
  • finanzas
  • Estado
  • equidad social

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