Hay que actuar en serio y a fondo contra la violencia imparable que mantiene a la institucionalidad en jaque y a la ciudadanía en ascuas

Antes de que los males se sigan profundizando hasta ser irreparables sin alternativas hay que mover todas las energías posibles para que el Estado de Derecho se mantenga en pie.
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El auge delincuencial no parece tener freno en nuestro convulsionado ambiente. Las cifras de homicidios diarios van al alza, y el despliegue de los casos que se suceden en todo el país grafica sin ningún género de duda que nos hallamos en situación verdaderamente crítica. Se habla de esta problemática de manera constante, pero hasta el momento no asoma ningún signo que tenga la capacidad de convencer de que hay una estrategia en marcha que pueda hacer la diferencia en tratamientos y en resultados. Y por supuesto la cuestión no es bajar el perfil de las informaciones, que es lo que reiteradamente se pretende desde los más altos círculos del poder político, para hacer verosímiles las alegaciones de que las cosas van mejorando: el punto clave está en poner en marcha un esfuerzo que conjugue lo institucional y lo social para llegar al fondo de lo que ocurre y desde ahí comenzar a ejercer controles reales y convincentes.

En estos días vuelve a aparecer la posibilidad concreta de que hayan entrado en acción grupos de exterminio de delincuentes, especialmente pandilleros. Esta posibilidad ha estado ahí, solapada, como a la espera de la primera oportunidad para hacerse sentir. Desde luego, es un fenómeno que, dadas las condiciones imperantes, podría emerger sin tapujos, con todas las consecuencias devastadoras que tendría sobre el sistema de vida. Tomar la ley por propia mano es otra forma de delinquir, y por consiguiente es un accionar condenable de plano; pero también hay que tener presente, para no quedarse en el nivel de las consideraciones genéricas, que en el día a día lo que impera cada vez más es la desesperación y la cólera de la ciudadanía honrada, que está expuesta a todas las vejaciones imaginables y a la inseguridad más angustiosa sin contar a cabalidad con la protección legal e institucional a la que tiene pleno derecho.

Ya están dichos hasta la saciedad todos los argumentos para impulsar una política que, desde los diversos ámbitos institucionales, se instale en el terreno con verdadera eficiencia. ¿Cómo es posible que las comunidades sigan sufriendo esa territorialización perversa que imponen las organizaciones pandilleriles y que convierte cada vez más al país es un mapa de zonas enemigas entre sí, en el que traspasar una línea constituye condena de muerte? Para que no se llegue a la condición de Estado fallido hay que superar cuanto antes la sensación de sociedad rendida, desde cuyo seno están haciéndose sentir ya señales de rebote agresivo que pueden desembocar en la desestructuración de todo el sistema de vida.

Cada vez que se hace relación a esta complejísima temática se reclama verdadera acción gubernamental, real interacción institucional y un plan de medidas concretas que se hagan valer significativamente en el terreno. La población necesita sentir que la autoridad no sólo está dedicada a sus desplazamientos habituales, sino que se impone como tal, con la ley en la mano y en respuesta eficaz a los desafíos y a las necesidades de cada día y de cada lugar. Nos hallamos en plena emergencia, porque las circunstancias así lo determinan, y las emergencias siempre hay que atenderlas al minuto y con todo.

Esta es la hora de la acción, que necesita del aporte de todos los sectores y de todos los actores nacionales. Antes de que los males se sigan profundizando hasta ser irreparables sin alternativas hay que mover todas las energías posibles para que el Estado de Derecho se mantenga en pie.

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