Hay que aprobar reforma de ICP y pacto fiscal

Todo parece indicar que hay toda una serie de negociaciones que podrían generar un combo de aprobaciones en las plenarias previas a la vacación de agosto. Los temas son muy diversos y van desde la elección de magistrados de la Corte de cuentas, las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, el incremento del techo a la utilización de fondos del ahorro de pensiones y hasta la reforma misma al sistema de pensiones. Los intereses de los partidos políticos están en su máximo esplendor dado que esas negociaciones implican para partidos como GANA obtener cuotas de poder en la Corte de Cuentas y para el FMLN el obtener los votos para los temas que son de su interés.
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El país requiere que la elección de magistrados de la Corte de Cuentas no sea por cuotas políticas, sino que se elija a funcionarios honorables, probos y capaces, que puedan hacer una transformación profunda a una institución que debe partir por dividirse en dos: Hay que separar la parte investigaba de la parte jurisdiccional o de juzgamiento. Hay que modernizar los procedimientos de investigación y para ello se requiere de una nueva generación de profesionales que puedan aplicar las nuevas técnicas de auditoría, pero todo parte por la elección de las cabezas de la institución. El problema tradicional de la Corte de Cuentas es que en tiempos de ARENA fue botín político del PCN y en tiempos de FMLN ha sido botín político de GANA. Es tiempo de cambiar eso. Debe dejar de ser botín político de partidos y pasar a ser una entidad autónoma e independiente de los políticos a los que por mandato constitucional debe vigilar.

En el tema de la Ley de Extinción de Dominio hay claridad meridiana que tiene problemas constitucionales porque viola el principio de presunción de inocencia al confiscarle las propiedades a los imputados antes de ser oídos y vencidos en juicio. Lo importante es que no se le quite dientes a la ley y que la reforma se circunscriba a resolver ese problema de inconstitucionalidad que en el futuro puede afectar tanto a la Fiscalía como al Estado por las demandas de daños y perjuicios que puedan darse posteriormente.

La reforma de pensiones está clara entre todos los técnicos nacionales e internacionales que han evaluado la propuesta del sistema mixto del gobierno y la de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP). El consenso está en que la propuesta de la ICP es la única robusta, integral, sólida y que produce los resultados indicados en el corto y largo plazo. Los diputados tendrán que tomar una decisión pronto ya que el país requiere de una reforma de pensiones que beneficie al gobierno reduciéndole el costo de lo que debe pagar anualmente y lo cual hace bien la reforma de la ICP reduciéndole al gobierno el pago en $160 millones a partir de 2017 (equivalente a 0.6 % del PIB). También es la propuesta que genera los mayores beneficios a los jóvenes porque podrán obtener una mayor pensión, que sea vitalicia y que en el corto plazo les permitirá hacer préstamos sobre sus ahorros, entre múltiples beneficios que se plantean en la propuesta completa. Lo más importante de todo es que la de la ICP no es confiscatoria, por lo que no tiene riesgos para los diputados y los funcionarios públicos que la apliquen, mientras que las diferentes versiones de reformas del gobierno y sus grupos afines tienen el serio problema de ser confiscatorias y por ello serían inconstitucionales.

Al aprobar la reforma de pensiones propuesta por la ICP se evita la necesidad de incrementar el techo del 45 % a una tasa superior del monto total del fondo de pensiones que puede ser utilizado para adquirir CIP. Eso se elimina para 2017 y para los años venideros, por lo que los diputados ya no tendrán que considerar este tema con la reforma de la ICP.

La reforma de pensiones es una parte del acuerdo fiscal que el país requiere y la otra parte es la que se ha venido discutiendo en diferentes mesas y bajo los auspicios de diferentes instituciones desde julio de 2016. Entre los técnicos hay bastante consenso sobre las medidas de reducción de gasto, incremento de ingresos, refinanciamiento de la deuda de corto plazo, techo a la deuda de corto plazo que se debe poner, refinanciamiento de los eurobonos que se vencen en el segundo semestre de 2019 y las necesidades de financiamiento del gobierno entre 2017 y 2019 en la medida que se va concretando el ajuste de tres puntos del PIB que ha sido establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal que se aprobó en noviembre del año pasado.

El camino para resolver los temas de carácter político, fiscal y de pensiones está sobre la mesa y se debe evitar hacer combos que solo beneficien a los partidos políticos y debe anteponerse por un lado el respeto a la Constitución y por el otro el interés de los ciudadanos que somos los que al final pagamos los platos rotos con expropiaciones de nuestros ahorros o con más impuestos.
 

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