Hay que asegurar en todo caso que la administración de justicia sea transparente, como corresponde a un verdadero Estado de Derecho

En este preciso momento en que la dinámica nacional experimenta tantos desafíos de alto riesgo se hace indispensable, más que nunca, poner el imperio de la legalidad por encima de todos los intentos de socavarla o de someterla.
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El caso de la clonación del sitio web de LA PRENSA GRÁFICA ha puesto en clarísima evidencia que el manejo de los recursos tecnológicos comunicacionales es otra fuente delictiva para aquellos que pretenden imponer sus intereses por encima de los derechos garantizados por la ley. Dicho caso ha sido una muestra viva de que los delitos cibernéticos están a la orden del día, y por consiguiente si no se activan adecuadamente las medidas de represión legal esto puede ir creciendo hasta volverse incontrolable, con las consecuencias adversas que eso acarrearía para las condiciones de vida en general. Es de hacer notar que los riesgos de esta nueva forma de delincuencia son potencialmente de gran alcance, porque la tecnología va en acelerada expansión, con todas sus oportunidades y todos sus peligros.

El caso aludido se activó judicialmente en noviembre pasado cuando se procedió a la captura de un implicado material, pero siempre fue claro que eso sólo representaba un paso en la búsqueda plena de los responsables, que podrían tener vínculos con intereses de poder y con figuras notorias del ambiente político. En verdad se trata de un caso que en todos sus aspectos de dilucidación y de castigo para los responsables debe ser emblemático del buen funcionamiento de las estructuras de justicia, que tantas veces han fallado en su desempeño para alcanzar y concretar los fines de salvaguarda de los derechos ciudadanos garantizados y amparados por el orden legal.

En tal sentido, la acusación particular que representa a LA PRENSA GRÁFICA viene haciendo gestiones judiciales, conforme a los recursos que franquea la ley, para que la jueza interina que sigue el proceso en un Juzgado de Instrucción de Santa Tecla revierta su decisión de aplicar reserva total del caso, ya que dicha reserva no sólo es improcedente en una situación como la aludida sino que podría servir como cobertura protectora para otros posibles implicados. El abogado de la acusación ha calificado la negativa de la jueza como un acto de “censura”, en el sentido de tratar de evitar que detalles relevantes se hagan públicos, como debe ser para que la justicia pueda cumplir abiertamente su cometido. Es la libertad de información la que se vulnera con los secretismos injustificados.

Y aquí hay que puntualizar un imperativo al que no se le deben poner restricciones en ningún sentido: el imperativo de transparencia, que es ineludible en el ejercicio democrático, y muy particularmente cuando se trata del funcionamiento de la justicia. Si esta no es transparente en todos los sentidos no se puede hablar de un Estado de Derecho que merezca el nombre de tal. Y si por algo ha fallado tanto nuestro sistema legal es por haber estado expuesto de manera tan sumisa al juego de los intereses y al vaivén de las circunstancias.

En este preciso momento en que la dinámica nacional experimenta tantos desafíos de alto riesgo se hace indispensable, más que nunca, poner el imperio de la legalidad por encima de todos los intentos de socavarla o de someterla. La ciudadanía, en sus diversas expresiones, merece que la justicia le genere confianza y que los administradores de la misma se comporten con la libertad y la idoneidad debidas. En este caso, que tan directamente nos atañe como medio independiente y comprometido al máximo con la vigencia de los derechos ciudadanos, hay que hacer que la ley reluzca sin ninguna sombra de duda.

Tags:

  • justicia
  • transparencia
  • estado de derecho
  • ataque cibernetico

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