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Hay que asegurar que las próximas elecciones estén debidamente garantizadas tanto en el aspecto orgánico como en la efectividad tecnológica

Hay que evitar a toda costa que intereses políticos específicos puedan orientar resultados a su arbitrio. No olvidemos que lo que más inquieta a los que compiten es el tema de las alternancias, que ya está en el tapete electoral como signo de avance de nuestro proceso.
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Las elecciones legislativas y municipales que tendrán lugar el 4 de marzo de 2018 se encuentran ya en el horizonte inmediato, a diez meses de su realización, y las preocupaciones sobre su debido y oportuno financiamiento se hacen sentir cada vez con más intensidad en el ambiente, ya que el tiempo apremia y la escasez de recursos disponibles es evidente. El calendario de los eventos electorales está definido con total anticipación, y por consiguiente no puede haber ninguna excusa válida para no contar con las disponibilidades financieras adecuadas en el momento preciso. El hecho de que los encargados gubernamentales de proveer el financiamiento actúen como si se tratara de una obligación imprevista y de valoración casual es un signo muy revelador de con cuánta ligereza se manejan las responsabilidades en el ámbito público.

En tal sentido, los miembros del movimiento cívico Aliados por la Democracia acaban de manifestarse en el sentido de demandar que el presupuesto electoral corresponda a lo solicitado por el TSE, que se nombre un fiscal electoral imparcial y que se cuente con el apoyo tecnológico que asegure que en el proceso próximo se eviten las irregularidades que se dieron en las elecciones legislativas y municipales de 2015. Estas advertencias son claramente consecuentes con el propósito de que los resultados electorales no sólo sean claros y precisos sino sobre todo suficientemente confiables, como corresponde a lo que la realidad del proceso nacional está exigiendo con creciente apremio.

Todos debemos tener presente que si algo es clave para que la normalidad democrática se mantenga en pie es darles a los distintos y sucesivos procesos electorales las garantías de limpieza y de credibilidad indispensables para asegurar el avance renovador y estabilizador en todos los órdenes. Y esto es aún más importante cuando estamos en coyunturas tan decisivas como la presente, en la que los diversos problemas nacionales de fondo se hallan a la espera de soluciones definitivas que ya no pueden esperar más, según es tan evidente en la realidad cotidiana. Dentro de esa línea, el mantener vivos y sanos los mecanismos de expresión de la voluntad popular es un requisito básico para que la vida nacional vaya evolucionando como debe ser. La credibilidad y la efectividad electoral están en ese plano.

Desde los ámbitos ciudadanos y desde los planos institucionales hay que ejercer la debida presión para que los comicios que se avecinan en 2018 y en 2019 respondan a cabalidad a todos los requisitos de transparencia y de eficiencia que están en juego. Hay que evitar a toda costa que intereses políticos específicos puedan orientar resultados a su arbitrio. No olvidemos que lo que más inquieta a los que compiten es el tema de las alternancias, que ya está en el tapete electoral como signo de avance de nuestro proceso.

El Tribunal Supremo Electoral ha manifestado su insatisfacción por el recorté en el presupuesto solicitado, y habrá que tomar las medidas legislativas correspondientes para tratar de resolver el entuerto. Es vital que se pueda tener un evento que no deje dudas sobre los verdaderos resultados en las urnas, y para ello tendrían que darse de inmediato las medidas correctivas que a estas alturas sean factibles. Lo más importante es, en todo caso, que se pueda asegurar que lo que resulte esté nítidamente basado en lo que quiere y manifiesta la ciudadanía.
 

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