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Hay que asegurarse en todo sentido de que la institucionalidad mejore en calidad en lo que viene de aquí en adelante

El tiempo apremia, sobre todo porque lo que se requiere es que el electorado pueda tener a tiempo y en forma suficientemente perfilada y verificable la oferta gubernamental de cada uno de los partidos y de los candidatos correspondientes.
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Nuestro proceso institucional ha venido pasando por distintas etapas desde que se inició la nueva era democrática luego del fin del conflicto armado. Si algo debemos reconocer y valorar los salvadoreños a estas alturas es que en este ya rebasado cuarto de siglo desde 1992 la base orgánica del sistema se ha mantenido estable, pese a que los problemas no resueltos han sido constantes obstáculos en el camino. Y es del caso señalar que cuestiones básicas para que la buena salud de la institucionalidad como la lucha contra la corrupción enquistada en el sistema van ganando fuerza en la medida que el proceso evolutivo se desenvuelve, y en todos esos afanes correctivos hay que perseverar sin tregua.

La coyuntura actual presenta elementos de alta significación para el desempeño nacional en lo inmediato, y hay dos acontecimientos inminentes que grafican las características propias de dicha coyuntura: la reconfiguración de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la cada vez más próxima elección presidencial para el nuevo período que se inicia el 1 de junio de 2019.

En lo que atañe a lo primero, hay que partir del hecho de que la Sala que se constituyó en 2009 llegó sin mayores expectativas pero muy pronto fue visible que su desempeño representaría un giro verdaderamente sustancial respecto de lo que venía dándose en los tiempos anteriores. Dicha Sala rompió los esquemas de dependencia respecto de los poderes externos, en particular del que ejercía el Ejecutivo, y se abrió a una independencia que se mantuvo firme durante los 9 años de gestión constitucional. Ese es el marco que encontrará la nueva Sala, y la prueba consiste en mantener dicha independencia en forma continuada. Desde luego, para que eso se dé es indispensable que haya una sólida armonía interna en el ejercicio jurisdiccional respectivo, lo cual tendría que quedar a la vista desde el inicio de la labor, que es tan decisiva para que la institucionalidad funcione en orden. Desde todos los ámbitos ciudadanos hay que mantener la vigilancia al respecto.

En cuanto a la decisión ciudadana en las urnas para definir la conducción nacional desde el Ejecutivo a partir de junio del año que viene, estamos a menos de 7 meses para que dicha definición se produzca, y aún las fuerzas políticas están en fase de definiciones sobre la configuración de sus respectivas fórmulas en competencia, y también la institucionalidad electoral tiene pendientes decisiones para que el panorama competitivo esté completamente definido. El tiempo apremia, sobre todo porque lo que se requiere es que el electorado pueda tener a tiempo y en forma suficientemente perfilada y verificable la oferta gubernamental de cada uno de los partidos y de los candidatos correspondientes. Los compromisos ahora tienen que ser concretos y calendarizados en todos los temas de la agenda nacional, porque la ciudadanía ya no se conforma con promesas abiertas, como ha sido la práctica inveterada. Hoy la evolución ciudadana exige precisiones en todo.

La institucionalidad, entonces, está a prueba; y el ejercicio electoral, por consecuencia, también lo está. Todos tienen que tenerlo bien presente para responder en forma en sus respectivos ámbitos de acción.

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