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Hay que dejar que el imperio de la ley se imponga y que la justicia cumpla a cabalidad con su función

Lo cierto es que la justicia comienza a funcionar por su cuenta casi en todas partes, y El Salvador no es la excepción. Y prueba de ello es que los que están siendo investigados y van en vías de pasar al orden judicial andan ya buscando protecciones artificiosas, como es el asilo político.
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Lo que estamos viendo en el país en los tiempos más recientes es una especie de despertar de los mecanismos de investigación y de persecución del delito, sobre todo en áreas donde hasta hace poco eso era inimaginable, como son los campos de acción de los poderes públicos, y muy en especial los espacios donde se manejan los más altos representativos del poder gubernamental. En estos momentos, con una Fiscalía General de la República más activa que nunca y con una cúpula constitucional que ejerce su función con independencia, aunque haya mucha polémica al respecto, las posibilidades reales de que la justicia opere se hacen cada vez más notorias. Esto despierta ansiedades y angustias patentes entre aquéllos que son señalados por sus acciones irregulares o delictuosas, ya que estaban acostumbrados a considerar sus atribuciones como un botín y a sentirse seguros bajo los diversos mantos de la impunidad.

Esto se vincula directamente con una mucho más activa denuncia de la corrupción, que responde en buena medida a lo que la ciudadanía, que va despertando del letargo en que la tuvo atrapada por tanto tiempo la arbitrariedad del poder, exige con creciente apremio. En los tiempos que corren, los destapes de los abusos y de los vicios institucionalizados se van volviendo cada vez más comunes. Lo vemos en el día a día, por ejemplo cuando salen a la luz los despilfarros frívolos que se producen en diversas instituciones públicas. Y esto es aún más censurable porque las condiciones financieras del Estado son francamente críticas, y no hay ni para responder económicamente a necesidades básicas en ámbitos tan decisivos como la Salud y la Educación.

Desde luego, las autodefensas no se hacen esperar. Cuando se trata de críticas al comportamiento de los entes gubernamentales y de los que están a cargo de ellos, la frase socorrida en estos tiempos es la que denuncia intenciones de “Golpe de Estado suave”. Sobre todo en los regímenes populistas, cuyos trastornos autoprovocados por la ineficiencia y la irresponsabilidad se van volviendo inmanejables sin escapatoria, como es el caso de Venezuela, ese tipo de retórica se ha vuelto obsesiva. Y en lo que toca a las investigaciones abiertas contra ex altos funcionarios, que incluyen a ex Presidentes de la República, el alegato más común es que se trata de “persecución política” por parte de aquéllos a los que consideran sus más acres adversarios. La verdad es que se trata de excusas que se caen por su peso.

Lo cierto es que la justicia comienza a funcionar por su cuenta casi en todas partes, y El Salvador no es la excepción. Y prueba de ello es que los que están siendo investigados y van en vías de pasar al orden judicial andan ya buscando protecciones artificiosas, como es el asilo político. Recursos desesperados como este último lo que indican es que en el ambiente se van cerrando progresivamente las rutas de escape para evadir el esfuerzo esclarecedor que se manifiesta con creciente credibilidad desde la institucionalidad pertinente. Y no es que dicha institucionalidad esté plenamente preparada para desempeñar su rol, pues falta mucha limpieza interna para garantizar el desempeño confiable, sino que los avances se van viendo impulsados fundamentalmente por la dinámica evolutiva del proceso nacional.

Lo que todos debemos apoyar y promover es la vigencia cada día más firme del Estado de Derecho, sin hacer distingos interesados ni permitir desviaciones manipuladas.

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