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Hay que dejar que las instituciones funcionen como se debe para poder medir sin interferencias el trabajo de ellas

...Las fuerzas políticas están llamadas a dar el ejemplo no sólo de la comprensión de lo que hay que hacer sino también, y fundamentalmente, del respeto que la dinámica evolutiva merece en toda circunstancia.
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No cabe duda de que nos encontramos ahora mismo en una coyuntura nacional en la que se están manifestando acontecimientos institucionales que dan indicios claros de renovación evolutiva. Los factores que impulsan tal estado de cosas, que desde luego se halla aún en fase incipiente, son de diversa índole. En lo social, la expansión invasiva de las fuerzas del crimen organizado viene teniendo un efecto sísmico sobre todas las estructuras que conforman el entramado de la sociedad, lo cual determina un imperativo creciente de lucha contra todas las formas de criminalidad, incluyendo por supuesto las que se han venido infiltrando en las diversas áreas institucionales, que se manifiestan en variadas modalidades de corrupción. En lo político, no hay que perder de vista el efecto depurador que tiene la alternancia, y que está por encima de victorias o derrotas electorales y de fidelidades a líneas ideológicas.

Las distintas fuerzas que operan en el ambiente tienen que estar, inescapablemente, en la primera fila del proceso evolutivo, y para ello requieren cambios internos que las habiliten para entender y aceptar de veras su responsabilidad en el esfuerzo modernizador en marcha. Y, como siempre, las fuerzas políticas están llamadas a dar el ejemplo no sólo de la comprensión de lo que hay que hacer sino también, y fundamentalmente, del respeto que la dinámica evolutiva merece en toda circunstancia. Los partidos que se mueven en el escenario tanto de la competencia electoral como de la función pública en activo llevan un rol determinante en la buena marcha del país, y por ello es imperioso que respeten la institucionalidad de la que forman parte por su propia naturaleza. Este es un requisito democrático sin escapatoria.

En un país en que el manejo de la ley ha sido sistemáticamente una palanca al servicio del poder, es previsible que cuando la ley comienza a hacer valer su autonomía y va penetrando en los entresijos amañados de la corrupción y en las zonas oscuras de la impunidad las resistencias descalificadoras y las maniobras obstructivas se hacen sentir de inmediato. En estos días, la labor de la Fiscalía General de la República está tocando fibras muy sensibles del proceder institucional contaminado por los vicios tradicionales. Y como se va llegando a las más altas esferas, las aludidas resistencias responden agresivamente. El Fiscal General está denunciando presiones, amenazas y espionaje en su contra. Todo este tipo de reacciones abusivas son incompatibles con el Estado de Derecho vigente y con la normalidad democrática en funciones.

Así como la ciudadanía tiene pleno derecho a ejercer vigilancia sobre el buen proceder institucional, las diversas organizaciones desplegadas en el ambiente también lo tienen; pero eso debe hacerse dentro de los marcos estrictos de la legalidad, sin hacer uso en ningún caso de procederes o de recursos ajenos al imperio de la ley.

El pasionismo político, del signo que fuere, debe quedar al margen de las actitudes y de las acciones que corresponden conforme a la lógica democrática que, pese a todos los contratiempos y quebrantos, se va instalando definitivamente en el país. Lejos de luchar contra las instituciones que se deciden a cumplir de manera cabal con sus respectivas tareas y responsabilidades, hay que apoyarlas en el empeño, de tal manera que lo que hoy es un repunte aislado se vuelva cada vez más un comportamiento común.

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