Hay que entrar en fase de sinceración y de ordenamiento para evitar más trastornos en el desempeño de la institucionalidad

Los asuntos financieros del Estado vienen estando en zona de crisis desde hace ya bastante tiempo, pero hoy tal situación ya no tiene márgenes disponibles para hacer movimientos paliativos de coyuntura, como se observa de manera dramática en lo concerniente a las obligaciones previsionales del Gobierno, que va rascando de donde puede para no caer en el impago como ocurrió hace muy poco.
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En los tiempos más recientes hemos venido viendo cómo se complican cada vez más los problemas nacionales no resueltos, con las consecuencias de inestabilidad y de deterioro que eso trae consigo. Esto se agrava por la incidencia de factores que van obstaculizando o impidiendo los tratamientos adecuados de la problemática en concreto; y entre esos factores se destacan la constante conflictividad política, la tendencia a irse por veredas presuntamente fáciles en vez de encarar las cuestiones como son, y la resistencia sistemática a enfocar los temas claves en forma integral, entre otros. Un panorama con tales características hace que la inseguridad y la inestabilidad vayan imponiéndose como fatalidades crecientemente incontrolables.

Hay un área donde es especialmente decisivo que se entre en esa fase de sinceración y de ordenamiento a la que nos referimos al principio, y es el área fiscal. Los asuntos financieros del Estado vienen estando en zona de crisis desde hace ya bastante tiempo, pero hoy tal situación ya no tiene márgenes disponibles para hacer movimientos paliativos de coyuntura, como se observa de manera dramática en lo concerniente a las obligaciones previsionales del Gobierno, que va rascando de donde puede para no caer en el impago como ocurrió hace muy poco. La urgencia de emprender esfuerzos serios para llegar a una reforma sensata y consistente del sistema de pensiones se ha vuelto apremio insoslayable, aunque aún hay grandes resistencias dentro del campo gubernamental, porque ahí el enfoque se centra obsesivamente en lograr financiamiento que dé más holgura financiera. Tal actitud debe ser superada cuanto antes para poder salir del atolladero presente, que tanto afecta en todo sentido.

Un punto vinculado que tampoco puede esperar es el tocante a la disciplina presupuestaria, que se viene desactivando de manera progresiva. La malsana costumbre de los Presupuestos Generales desfinanciados y por ende artificiales le hace un gran daño al sistema en general. Ahora estamos ya a sólo unas cuantas semanas de que se cumpla el plazo legal para que el Ejecutivo le presente a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto General correspondiente al año fiscal 2018, y hay que poner el debido énfasis en la necesidad de que esta vez dicho Presupuesto vaya completo y financiado. Si eso requiere, como es previsible, del endeudamiento apropiado, hay que tomarlo en cuenta de manera responsable, para emprender de inmediato las gestiones políticas que lo harían posible en los hechos. Fingir el equilibrio es siempre una trampa que en definitiva se paga muy cara, como lo demuestran los hechos con la elocuencia que les caracteriza.

El Estado y el Gobierno tienen en todo caso que dar el ejemplo pertinente del buen tino y de la eficiencia en todas sus decisiones y actuaciones. Continuar atados al coyunturalismo improvisador es la fórmula perfecta para estar en crisis permanente, con lo cual no sólo se van desperdiciando energías valiosas sino que se desaprovechan de manera sucesiva las oportunidades que abre el presente de cara al futuro.

Como reiteramos cada vez que la ocasión lo hace pertinente, lo que necesitamos en principio es una estrategia de país que contenga todos los elementos fundamentales de una visión integral sobre el mismo. Hay que disponerse, pues, a generar esa visión y a potenciar esa estrategia con el concurso de los salvadoreños sin excepción.
 

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