Hay que evitar a toda costa que el control que hoy ejerce la delincuencia tome carácter permanente

No es cuestión de aplicar violencia, sino de hacer que impere la legalidad sin reservas ni evasivas. Por la vía que vamos el país llegará a ser inviable como sociedad organizada. Eso hay que evitarlo sin tapujos ni medias tintas.
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En los distintos ámbitos y zonas de la realidad nacional son cada vez más patentes los signos de que el accionar delincuencial no sólo va ganando espacio sino también impunidad. Durante la recién pasada campaña electoral los partidos políticos tuvieron directa vivencia de ello cuando tenían que someterse a las exigencias y a los controles de los grupos pandilleriles en el terreno. Y es que la delincuencia organizada es un fenómeno en abierta expansión, y esto no hay cómo disimularlo o evadirlo. Y tal expansión constituye señal inequívoca de fortalecimiento, con todas las consecuencias depredadoras que ello acarrea.

La lucha abierta entre pandillas produce una guerra despiadada por el dominio de territorios. Los pandilleros se matan entre sí, y asesinan sin piedad a los que se les cruzan en el camino; y, para colmo de males, reclutan permanentemente a niños y jóvenes para que hagan el trabajo más sucio y sangriento. Y el control delincuencial se da también dentro del sistema penitenciario, un hecho que se intensificó a raíz de la llamada “tregua” entre pandillas, que comprendió favores y beneficios por parte de la institucionalidad a cambio de que artificiosamente se bajara la estadística de homicidios. Hoy se está en un accidentado proceso de corrección de aquellos errores, cuando las cosas se han puesto cada vez más complicadas.

Uno de los datos de la realidad que más cuestionan a las instituciones encargadas de mantener el orden y la vigencia efectiva de la ley es la evidente impunidad con que se vienen moviendo los delincuentes, aun en los lugares de detención. El decomiso de plasmas y otros aparatos no permitidos en los penales es la caricatura reiterada de una situación que ha traspasado ya los límites de lo absurdo. Y, en esa línea, también es lamentable y penoso que la institucionalidad no haya sido capaz de bloquear señales efectivamente para impedir que desde las cárceles se continúe dirigiendo la actividad delincuencial. Estos sólo son signos de la calamitosa situación de descontrol que impera en este campo.

Hay que hacer cuanto antes un giro radical en el tratamiento de todas estas realidades tan negativas para el país en todos los sentidos. Actualmente, la delincuencia y sus derivados les hacen la vida imposible tanto a la institucionalidad como a la ciudadanía, y se trata de que ocurra lo contrario: que la ley y la autoridad les hagan la vida imposible a los delincuentes y a los antisociales. No es cuestión de aplicar violencia, sino de hacer que impere la legalidad sin reservas ni evasivas. Por la vía que vamos el país llegará a ser inviable como sociedad organizada. Eso hay que evitarlo sin tapujos ni medias tintas.

El poder desafiante de grupos delincuenciales como son las pandillas que se mueven cada vez con mayor desfachatez ha llegado al límite de hacer que cuando se toman medidas como el traslado de líderes pandilleros al penal de máxima seguridad surgen voces respetables que protestan aduciendo que tales medidas de control pueden ser contraproducentes; y, por su parte, los delincuentes trasladados toman medidas de presión como si fueran ciudadanos agredidos en vez de criminales agresores. Estamos llegando, evidentemente, a vivir cada vez más en el mundo al revés.

Cada día que pasa sin tomar al toro por los cuernos en esta problemática tan delicada y peligrosa se pone más en cuestión la normalidad del ambiente. Y esto lo afecta todo y nos afecta a todos.

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