Hay que evitar a toda costa que los repuntes de independencia institucional sean socavados por los intereses que quieren preservarse y protegerse

El Fiscal General de la República ha denunciado públicamente que está recibiendo presiones de personas y de grupúsculos, según los califica, específicamente por los casos de probidad que están sobre el tapete tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía General.
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En el país estamos viendo una tendencia creciente en la línea de lograr que las instituciones públicas cumplan de veras y a cabalidad con sus responsabilidades y mandatos propios. Esto sin duda es un efecto propio de la evolución democratizadora que se viene produciendo en el ambiente durante todo el extenso período de posguerra. No ha sido fácil, desde luego, que tales dinamismos normalizadores puedan asomar y manifestarse en los hechos, pero ahora es la misma realidad nacional la que está empujando en pro de la transparencia y del eficaz desempeño, como podemos ver de manera notoria en los temas de control de la probidad y de persecución judicial de los ataques cibernéticos delictivos.

Es evidente por otra parte que todas estas dinámicas correctivas y depuradoras ponen en evidencia viejas prácticas abusivas, vinculadas con intereses muy poderosos; y por ello hay que estar muy atentos a lo que dichos intereses puedan querer hacer desde la sombra en especial contra los funcionarios que están a la cabeza de las investigaciones y los procesos correspondientes. El Fiscal General de la República ha denunciado públicamente que está recibiendo presiones de personas y de grupúsculos, según los califica, específicamente por los casos de probidad que están sobre el tapete tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía General. El funcionario habló de una especie de conspiración en su contra, de seguro con la intención intimidatoria de que desista de la forma independiente de proceder que ha manifestado hasta la fecha en su desempeño que apenas está empezando.

En las condiciones actuales, que son tan determinantes de lo que pueda seguir ocurriendo tanto en el presente como en el futuro, hay que potenciar la legalidad y hacerle sentir a los funcionarios competentes que su buen desempeño es clave para que podamos salir de los múltiples atascamientos que tanto afectan al país. El dar a conocer sin tapujos ante la ciudadanía situaciones como la que ha manifestado el Fiscal constituye, sin duda, un buen disuasivo para parar los esfuerzos intimidatorios, vengan de donde vinieren. Y ojalá que la institucionalidad en su conjunto se manifieste en esta línea, para que aquellos que no se resignan a que la ley se imponga vayan quedando al margen.

Este es un momento en que el sentir ciudadano y el hacer institucional tienen que ponerse en exacta sintonía, para impulsar la vigencia efectiva del Estado de Derecho. Nadie, en ningún sentido, puede ponerse tranquilamente por encima de la ley; y el que esto se haga realidad sin reservas ni evasivas constituye el mejor aporte que se le puede hacer a lo normalización constructiva del país en todos los órdenes.

Hay que dejar que las instituciones trabajen dentro de sus marcos respectivos, según sus atribuciones correspondientes y haciéndole honor a la buena práctica en todo sentido. Esto es lo que el país necesita y la ciudadanía demanda. Estamos en una coyuntura crucial desde cualquier ángulo que se le mire, y de la forma en que se puedan ir ordenando las cosas depende la viabilidad del proceso en marcha.

No hay que bajar en ningún momento la guardia frente a lo que ocurre en los distintos planos institucionales, porque el ojo ciudadano es la mejor garantía de progreso real.

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