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Hay que hacer que toda la institucionalidad funcione conforme a la ley para que los esfuerzos progresistas puedan ganar impulso

La salud básica de nuestro sistema político de vida debe ser preservada como un elemento esencial para la estabilidad y el progreso en todos los órdenes y sentidos.

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Los patéticos y alarmantes acontecimientos del pasado domingo en la Asamblea Legislativa son un claro ejemplo de que nuestra institucionalidad continúa caminando sobre la cuerda floja, pese a los avances que vienen produciéndose a lo largo de estas ya casi tres décadas de posguerra. Lo ocurrido fue totalmente inesperado por la forma en que se dio y por los gravísimos deterioros que podía traer consigo. Nunca en el curso de nuestra complicada democratización se había visto un intento de quebrantar el orden constitucional como el que se dio ese día. Ver a la Fuerza Armada invadiendo el recinto legislativo y al Jefe del Ejecutivo actuando como Presidente de la Asamblea parecía una escena de película del absurdo. Por fortuna, tal imagen giró de inmediato, y todo se disolvió en una apelación a Dios para que indicara la actitud a tomar.

De inmediato, las reacciones nacionales e internacionales empezaron a presentarse, en rechazo de lo ocurrido. Y en tales reacciones es muy fácilmente perceptible que hay mucha inquietud por lo que podría venir en el país si se continúan produciendo acciones como la aludida. A solicitud ciudadana, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ejecutivo mantenerse dentro de su marco de acción legal, con específica referencia al imperativo de que las fuerzas militares cumplan estrictamente su rol sin invadir otros campos.

Y la misma Asamblea Legislativa ha dado a conocer públicamente un explícito comunicado en el que "condena enérgicamente" lo ocurrido, rechaza los hechos violatorios de la Constitución, repudia los insultos y amenazas contra diputadas y diputados, exige al Presidente de la República que desista de amenazas, ultimátum y uso de la fuerza, recomienda al mandatario que acate la resolución y las medidas cautelares dictadas por la Sala de lo Constitucional y pide a los Congresos del mundo y organizaciones parlamentarias "su solidaridad en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador".

Ante tal avalancha de reacciones adversas frente a lo ocurrido, el Consejo de Ministros ha manifestado que acatará la resolución de la Sala, aunque afirme que no la comparte. En verdad, lo que en este momento más le conviene al país es que el desafortunadísimo incidente pueda ser puesto al margen, reconociendo las lecciones que deja en el ambiente. La salud básica de nuestro sistema político de vida debe ser preservada como un elemento esencial para la estabilidad y el progreso en todos los órdenes y sentidos. Y destacamos un hecho de alto relieve aleccionador: construir estabilidad es un proceso que requiere mucho empeño y mucha responsabilidad; y, en contraste, cualquier error desestabilizador puede significar un retroceso de incalculables consecuencias. Todos, comenzando por los que ejercen el poder, deben tomar inmediata conciencia de ello, para no caer en trampas estériles.

Ojalá que acontecimientos como el señalado no se repitan más, bajo ningún argumento o excusa. Todas las fuerzas nacionales, independientemente de las diferencias que puedan tener, están obligadas de manera insoslayable a respetar la ley, a acogerse a los lineamientos institucionales que la legalidad establece y a convivir democráticamente sin rupturas absurdas ni choques estériles. Hay que aprender de la experiencia, para que el descontrol no gane en ningún caso la delantera. Esas son las claves de una convivencia y de una gobernabilidad efectivas.

Después de este traspié tan lamentable y censurable hay que retomar la marcha, porque la realidad no espera. Nuestro país necesita consensos que lleven a soluciones, no trastornos que dificulten aún más las cosas.

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