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Hay que hacer todo lo necesario para que el crimen no contamine a las instituciones

Toda esta problemática es altamente sensible, y debe ser tratada de modo preciso y oportuno en todas sus facetas. Lo que está en juego es la posibilidad real de que nuestro sistema de vida sea viable y confiable en forma permanente, para habilitar perspectivas de progreso general.
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En los tiempos más recientes se ha venido multiplicando el destape de situaciones que evidencian hasta qué punto la avanzada de la criminalidad ha ido penetrando de modo cada vez más agresivo en distintos espacios institucionales, y muy en particular en aquellas áreas que corresponden a entidades públicas que están en relación directa con la persecución y el castigo del crimen. Esta contaminación es totalmente previsible, especialmente si se tiene en cuenta que cuando la criminalidad ha venido teniendo un auge tan intensivo como el que se ha visto en los tiempos más recientes, sus infiltraciones se van multiplicando de modo imparable si no se ponen a tiempo los valladares protectores que proveen el Estado de Derecho y la política bien entendida y aplicada.

Dentro de tal estado de cosas están saliendo a luz muchas situaciones verdaderamente preocupantes e intolerables en instituciones como la Policía Nacional Civil y el Órgano Judicial, relativas a conductas de personas que son parte de las respectivas estructuras orgánicas. El que situaciones de esta naturaleza se conozcan hacia afuera es una muestra patente de que la impunidad dentro del ámbito público se puede hacer valer cada vez menos, lo cual es una buena señal sobre la salud del sistema. Pero aquí también hay signos de que los virus de la delincuencia están penetrando las áreas institucionales en forma invasiva y como reflejo de la forma en que actúa el crimen organizado.

Hay que ponerle atención muy especial al hecho de que la institucionalidad se halla en el ojo de la criminalidad, porque para ésta tal infiltración no sólo debilita a quienes están encargados de velar por la vigencia plena del Estado de Derecho sino que esparce en todos los espacios sociales la aberrante sensación de que el crimen puede torcerle el brazo a la ley sin mayores consecuencias. Tal sensación es lo que más perturba y quebranta el ánimo ciudadano en las circunstancias actuales.

Esta es otra razón de alta validez para emprender sin más demora la puesta en práctica de una lucha antidelincuencial que se base en planteamientos responsables y definitivos. Y para que tal práctica prospere es absolutamente indispensable que la institucionalidad, dentro de sí, dé ejemplo inequívoco de honradez, de probidad y de estricto apego a la normativa legal. Esto se vincula de manera directa con la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, que es afortunadamente uno de los dinamismos más relevantes del proceso nacional en los días que corren. En tal sentido resulta decisivo que el sistema preserve y promueva la actividad de limpieza institucional, haciendo los ajustes que las circunstancias demanden, como el que resulta de la muy reciente resolución de la justicia constitucional que restablece la potestad de la Corte Suprema de Justicia en lo referente a ordenar juicios por enriquecimiento ilícito de funcionarios.

Toda esta problemática es altamente sensible, y debe ser tratada de modo preciso y oportuno en todas sus facetas. Lo que está en juego es la posibilidad real de que nuestro sistema de vida sea viable y confiable en forma permanente, para habilitar perspectivas de progreso general.

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