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Hay que hacer todo lo que sea necesario para erradicar cualquier tipo de complicidad entre las instituciones y el crimen organizado

En la medida que se vayan destapando y desactivando situaciones como la de Apopa y otras similares se ganará credibilidad ciudadana. Y la ley debe caer con fuerza y sin miramientos sobre los que resulten culpables, sean quienes fueren.
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La investigación fiscal y policial que ha destapado una presunta red de complicidad criminal entre autoridades y personal de la Alcaldía Municipal de Apopa y estructuras de pandillas de la zona pone en dramática evidencia que los virus delincuenciales se han colado por distintas áreas del cuerpo institucional del país. Al conocerse detalles de lo ocurrido en Apopa se pueden advertir los efectos del crimen invasivo, que no respeta fronteras de ninguna índole y que está minando con creciente impulso las estructuras de la legalidad nacional. Lo que hasta ahora se conoce permite imaginar todo lo que pudiera haber en términos más amplios, porque lo que está claro sin ningún género de duda es que el crimen se ha propuesto llegar hasta donde sea necesario para sustituir a la ley y al orden como factores determinantes de la vida nacional.

Si bien es cierto que hay que impulsar las llamadas “medidas extraordinarias” cuanto sea preciso, también hay que hacer una especie de rastreo constante en todos los campos de la institucionalidad, para que las limpiezas lleguen a fondo y no se dejen resquicios por los que los tentáculos del crimen puedan ingresar para tomar posiciones. En estos momentos, la labor de la Fiscalía General de la República se ha vuelto un elemento decisivo en estas labores, como se exige por mandato constitucional directo. La coordinación entre la Fiscalía y la Policía tiene que ser lo más eficiente posible, porque de otra manera la criminalidad irá ganando terreno cada vez más.

El caso de Apopa grafica en forma inequívoca que la autoridad, en muchos casos, no sólo está a la defensiva frente a las fuerzas delincuenciales sino que se ha plegado a ellas para poder mantenerse en pie y además sacar ventajas muy semejantes a las que obtiene el desempeño criminal en el terreno. En el caso aludido, por lo que se está descubriendo, los pandilleros recibían dinero e insumos, eran apoyados por las autoridades en el cobro de la extorsión y además algunos de ellos estaban empleados en la comuna. Toda una red montada a la luz del día, bajo el amparo de una impunidad que parecía invulnerable. Esto indica que lo que prevalece en los distintos ambientes es la sensación de que el crimen tiene el control y que, en tales condiciones, puede llegar hasta donde quiera.

Al sacar a luz situaciones como esta y, sobre todo, al seguir sistemáticamente en el esfuerzo de desarticular los planes criminales ahí donde se pongan en práctica, se le está enviando a la ciudadanía un mensaje alentador de que el crimen no las tiene todas consigo. La institucionalidad está en el deber prioritario de hacerse valer en todo sentido y momento, para que las condiciones del país puedan ir girando hacia la normalidad que tanto se necesita. Hay que ir con todo para que la criminalidad y sus cómplices, sean quienes fueren, vayan dejando libres los espacios de la convivencia ciudadana. Y en este punto la conjunción de propósitos y de esfuerzos entre la Fiscalía, la Policía y el Órgano Judicial tiene que ser la plataforma del avance.

Hay que seguir investigando, con amplitud y a fondo. En la investigación y en la inteligencia, tanto fiscal como policial, están las claves para que ningún cabo quede suelto. En la medida que se vayan destapando y desactivando situaciones como la de Apopa y otras similares se ganará credibilidad ciudadana. Y la ley debe caer con fuerza y sin miramientos sobre los que resulten culpables, sean quienes fueren. La ciudadanía lo reclama con creciente apremio, y las autoridades están en el deber ineludible de responder al reclamo.

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