Hay que insistir en un hecho clave: los mecanismos de lucha contra la violencia sólo funcionarán si hay un proyecto en marcha

Si no se tiene un plan completo que lo abarque todo a fondo, seguiremos yéndonos por veredas. El régimen de excepción, si sólo se queda en eso, vendrá a sumarse a los esfuerzos fallidos.
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Se ha lanzado la iniciativa de poner en marcha un régimen de excepción a consecuencia de los gravísimos y desquiciantes efectos que está produciendo en el país el auge delincuencial incontrolado. Los hechos de violencia homicida y otras acciones delincuenciales de alto impacto se repiten a cada instante, y la población se halla desesperada exigiéndole a la autoridad que asuma de veras su responsabilidad como guardiana directa del imperio de la ley y como gestora de la normalidad indispensable para que el país funcione como tal.

El régimen de excepción está contemplado en nuestra Constitución en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público. Es claro que nos encontramos ante una calamidad mayor, que ha sobrepasado todos los límites de los tratamientos corrientes. El régimen de excepción podría ser un instrumento para iniciar una lucha más a fondo contra lo que está agobiando a la nación entera, pero desde luego sólo se trata de un instrumento que tendría que ser manejado con inteligencia y con eficacia, en el marco de lo que debe ser el plan integral de enfoque y de acción contra la complejísima problemática que nos aqueja.

Según el artículo 29 de la Carta Magna, el régimen de excepción permite suspender garantías constitucionales como libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de asociación e inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones; y, por medio de mayoría calificada de los diputados electos, también se podrían suspender garantías en casos de detención administrativa o judicial. Como es evidente, el régimen de excepción, por su propia naturaleza, implica decisiones muy delicadas, que deben ser asumidas y ejercidas con el máximo cuidado, para que no se vuelvan armas de doble filo. En el caso específico de la libertad de expresión, que tan directamente nos atañe, y teniendo en cuenta que viene existiendo una tendencia oficial a querer controlar la información sobre la racha criminal que vivimos para poder propagandizar mejorías muy dudosas en el terreno, hay que observar con lupa cualquier movimiento que pueda encubrir propósitos sesgados.

Insistimos en el imperativo de estructurar un plan de lucha contra todas las formas de criminalidad, y en especial las organizadas, que han tenido un despliegue de grandes alcances en los últimos tiempos. Ese plan tiene que partir inequívocamente de la salvaguarda de la legalidad con todos los elementos de lucha que ésta pone al alcance de las instituciones y las autoridades competentes. Si no se tiene un plan completo que lo abarque todo a fondo, seguiremos yéndonos por veredas. El régimen de excepción, si sólo se queda en eso, vendrá a sumarse a los esfuerzos fallidos. Si se da, habría que hacer lo conveniente para que no ocurra así.

Y es que hay que dejarse de focalizaciones superficiales. El mal está en todas partes, y lo que se tiene que hacer es atacarlo en cada una de ellas según las respectivas circunstancias. Una estrategia simultánea unida a un accionar integrador, que no deje espacios o factores por fuera, puede empezar a hacer girar la realidad en beneficio de la ley y de la ciudadanía.

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  • regimen de excepción
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