Hay que integrar esfuerzos nacionales para entrar en fase de verdadera solución de nuestros grandes problemas

En este caso, en la sesión legislativa del pasado jueves se logró un giro muy importante, al acordarse la fiscalización especial del manejo de los fondos aprobados así como la periódica rendición de cuentas sobre la inversión de los mismos; y también hubo definiciones muy concretas sobre el destino de los fondos, que irán a las áreas policiales, militares, fiscales y de centros penales con la debida precisión.
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Dada la complicadísima situación de inseguridad que se vive en el país como consecuencia del auge criminal que nos está azotando desde hace ya largo tiempo, la institucionalidad pública se ha visto en la necesidad de emprender un conjunto de acciones que ataquen a fondo dicha situación, y así han surgido las llamadas “medidas extraordinarias”, que están ya desplegándose en el terreno. Es la misma fuerza de la realidad la que ha viene haciendo cada vez más insoslayable la toma de decisiones realmente conducentes a tratamientos eficaces en este campo, y es la urgencia ciudadana la que hace que los actores gubernamentales y políticos se empiecen a mover en la dirección apropiada a las circunstancias.

En esa línea, las “medidas extraordinarias” han comenzado a producir expectativas favorables en la percepción ciudadana, aunque desde luego quedan muchas dudas y recelos por resolver; y, como es natural, se tratará de un esfuerzo prolongado y costoso, al que habrá que ponerle mucho empeño en todo sentido, incluyendo por supuesto las inversiones que vayan siendo necesarias. Y como es bien sabida la deplorable condición de las finanzas públicas, el costeo tendrá que provenir en gran medida de más endeudamiento. De ahí surgió la petición de los 152 millones como aporte inicial, que de inmediato entró en el conocido debate legislativo, ya que para aprobar la emisión de bonos era necesaria la mayoría calificada.

La representación del partido ARENA ha venido reclamando controles verificables sobre el destino de los fondos que surjan de deuda adquirida, y esto ha creado un ya sistemático impasse al chocar dicha posición con la que sostienen tanto el Gobierno como el partido gobernante. En este caso, sin embargo, en la sesión legislativa del pasado jueves se logró un giro muy importante, al acordarse la fiscalización especial del manejo de los fondos aprobados así como la periódica rendición de cuentas sobre la inversión de los mismos; y también hubo definiciones muy concretas sobre el destino de los fondos, que irán a las áreas policiales, militares, fiscales y de centros penales con la debida precisión.

Sin duda lo que ha movido voluntades ha sido el imperativo ya insoslayable de impulsar las medidas de seguridad hacia tratamientos eficaces y soluciones significativas. Ninguna fuerza política, esté en el Gobierno o en la oposición, puede a estas alturas darse el lujo de ignorar el clamor ciudadano al respecto, pues hacerlo sería exponerse a pagar altísimos costos políticos. Y desde luego, la decisión que por unanimidad tomaron los diputados el pasado jueves sienta un precedente sobre lo que podría pasar de aquí en adelante con los casos específicos de endeudamiento. Está claro, una vez más, que construir consensos implica deponer inteligentemente posiciones radicales, para pasar al ejercicio de los equilibrios sustentables.

Como venimos sosteniendo en el curso del análisis de los hechos que se dan en el escenario nacional, son los hechos los que en definitiva empujan las decisiones, pese a todas las resistencias que se sigan presentando. Nuestro proceso aprende de su propia dinámica, y los actores políticos tendrían que reconocerlo así para dejar de estarse desgastando en forcejeos que a la postre resultan inútiles.

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