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Hay que ir dejando precedentes correctivos y disuasivos en la lucha contra la corrupción

Lo que la realidad está demandando de múltiples maneras en el día a día del vivir nacional es que la lucha contra la corrupción y contra la impunidad no sólo se mantenga firme sino que se vaya incrementando en forma sostenida y consistente.
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Uno de los fenómenos saneadores más significativos de los tiempos recientes es el que se concreta en la lucha contra las distintas formas de corrupción que, principalmente en el ámbito público, venían estando tradicionalmente cubiertas por los espesos velos de la impunidad que hacía de las suyas como instrumento multiusos del poder establecido. A raíz del avance democratizador, tanto la corrupción como la impunidad quedan cada vez más expuestas frente al ojo ciudadano y de cara a un ejercicio crecientemente efectivo del rol institucional en las áreas correspondientes, como son el trabajo de Probidad en la Corte Suprema de Justicia y el esfuerzo investigativo y persecutorio que desarrolla la Fiscalía General de la República.

La lucha contra la corrupción nunca resulta fácil en ninguna parte, como puede constatarse en situaciones que se multiplican en las distintas latitudes; y es que en estos tiempos el despliegue avasallador de la criminalidad organizada se globaliza cada vez más, haciendo uso de todos los recursos que encuentra a su alcance, con una sofisticación muy a tono con los desarrollos tecnológicos propios de la época actual.

En un país como el nuestro, donde la impunidad había adquirido carta de ciudadanía desde hace muchísimo tiempo, esa lucha es aún más difícil y compleja; pero las cosas van cambiando positivamente, pese a todos los obstáculos que se presentan en el terreno. Para el caso, el hecho de que en estos días se haya dado condena en primera instancia contra un ex Presidente de la República y contra su hijo por enriquecimiento ilícito durante el mandato correspondiente constituye un precedente que sin duda está llamado a hacer historia. En otros momentos, los Presidentes en activo se hallaban prácticamente blindados en el ejercicio de su gestión, con independencia de lo que hicieran, y eso los volvió intocables hasta el punto de creer que, hicieran lo que hicieren, siempre estarían por encima de cualquier escrutinio institucional o popular. Hoy eso es lo que está dando vuelta, y los precedentes disuasivos operarán sin duda de cara al futuro.

Otro caso emblemático de lo que ahora se vive es el enjuiciamiento penal de los autores de los ciberataques contra medios de comunicación, y muy en particular contra LA PRENSA GRÁFICA. Dejar casos como éste en el plano de las travesuras digitales, como algunos quisieran, sería asegurarle impunemente al crimen un espacio de operación sin límites ni fronteras, teniendo en cuenta las modalidades que estas formas de operación criminal pueden desarrollar con los recursos que tienen a la mano. Por ello, establecer desde ya un precedente de castigo por las acciones delictuales cometidas, tanto para los autores materiales como para los autores intelectuales, sería un gran salto de calidad en lo tocante al imperio de la ley y a la defensa de las libertades básicas y de los derechos ciudadanos, y es lo que se espera que ocurra con la resolución judicial que será dada a conocer el día de mañana.

Lo que la realidad está demandando de múltiples maneras en el día a día del vivir nacional es que la lucha contra la corrupción y contra la impunidad no sólo se mantenga firme sino que se vaya incrementando en forma sostenida y consistente. La ley debe hacerse valer en cualquier circunstancia, y sólo en esa forma se podrá garantizar la normalidad del sistema y el bienestar real de todos los que lo integran.

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