Hay que pasar de las agresiones a los argumentos para evitar que los problemas sigan volviéndose laberintos sin salida

En definitiva es la legalidad el marco donde todo tiene que ser concentrado y resuelto. Querer saltársela ya no es sostenible, como se ha visto por ejemplo en el caso de la configuración original del SITRAMSS. Hay que hacer las cosas bien para que funcionen, y esto es responsabilidad generalizada.
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En todas partes se ha puesto dramáticamente en boga la tendencia a hacer que los puntos de diferencia o de discordia, que siempre están presentes en la vida, y más cuando se trata de la vida política, se conviertan en batallas campales, en las que la retórica agresora ocupa prácticamente todos los espacios disponibles, imposibilitando así que los recursos racionales se hagan presentes y desarrollen la función moderadora y reconstructora que les corresponde. Esto, como se constata con gran facilidad, no es un fenómeno exclusivo de las sociedades menos experimentadas en la práctica democrática, porque aun en ambientes que presuntamente han alcanzado una gran madurez al respecto, como es el caso de Estados Unidos, estamos viendo un repunte de confrontaciones viscerales que hasta hace poco habría sido considerado inverosímil.

Desde las zonas más elevadas del poder se manifiesta con creciente intensidad el rechazo a las discrepancias que puedan surgir de otros sectores tanto políticos como empresariales y sociales, y en nuestro país tal fenómeno se grafica de manera ríspida en los ataques que recibe un ente como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por sus fallos que tocan intereses establecidos en las esferas oficiales. Lo que venía ocurriendo antes de 2009, cuando llegaron a la Sala los cuatro magistrados que concluirán su período en 2018, se enmarcaba dentro de un esquema de dependencia más o menos explícita, lo cual hacía que buena cantidad de decisiones estuvieran marcadas o fueran al menos previsibles de antemano. En el actual período, aunque hay muchas acusaciones en acción, lo que se percibe es que la independencia se ha fortalecido, como debe ser.

Todo lo que esto demuestra es que se requiere una redefinición clara y eficiente de la forma en la que se están tratando las cuestiones de país. No se puede continuar dejando de lado el imperativo de alcanzar acuerdos nacionales en cuestiones que a todos nos atañen, por encima de las luchas partidarias que también son naturales dentro del ejercicio de la democracia. Cuando hablamos de pasar a los argumentos en vez de persistir en las agresiones estamos estableciendo una línea divisoria entre el fanatismo y la racionalidad. El que ataca no necesita argumentos; el que argumenta no necesita ataques. Así de simple.

Lo más importante es poner por encima de todo la vigencia efectiva de la lógica democrática, que ha estado hasta ahora tan ausente de la cotidianidad política y del desempeño institucional. Dicha lógica exige que nadie pueda alegar diferencias irreconciliables cuando lo que hay son posiciones distintas frente a puntos e iniciativas vinculados con el interés nacional. Ningún atrincheramiento puede ser respuesta razonable a los desafíos de una realidad en la que todos nos compete.

En definitiva es la legalidad el marco donde todo tiene que ser concentrado y resuelto. Querer saltársela ya no es sostenible, como se ha visto por ejemplo en el caso de la configuración original del SITRAMSS. Hay que hacer las cosas bien para que funcionen, y esto es responsabilidad generalizada.
 

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