Hay que poner verdaderamente en práctica el objetivo básico de que la ley se imponga en todos los ámbitos de la vida nacional

Lo que tendrían que haber hecho las distintas fuerzas nacionales y los correspondientes liderazgos desde hace mucho es ponerse a disposición de la realidad, en vez de encastillarse cada vez más en sus respectivas áreas de interés.
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La democracia es un régimen de vida que tiene como marco insustituible la vigencia plena del Estado de Derecho. Cuando éste sufre trastornos viscerales, como ocurre en nuestro país desde hace tanto tiempo y en forma progresiva, lo que en verdad se pone en alto riesgo es la estabilidad del sistema, que no se sostiene por su cuenta sino que requiere de los diversos andamiajes que le provee la legalidad y le facilita el buen gobierno. Lo que tendrían que haber hecho las distintas fuerzas nacionales y los correspondientes liderazgos desde hace mucho es ponerse a disposición de la realidad, en vez de encastillarse cada vez más en sus respectivas áreas de interés. Por encima de la competencia electoral constante, la democracia es el ejercicio de la interacción responsable; y si por algo nuestra vivencia democrática sigue siendo frágil es porque sus actores principales no han sido capaces de responder al mandato que les confiere representación en las diversas instancias del poder.

Hay que entender y aceptar sin reservas de ninguna índole que la ley no es un mero mecanismo formal, sino que constituye la fuerza ordenadora de todo el aparato nacional. Si la legalidad entra en crisis, de cualquier tipo que ésta sea, las bases del sistema son las que padecen el principal quebranto, porque al no haber ley suficientemente eficaz para regir las conductas y para estructurar de manera previsible las relaciones sociales, económicas y políticas, todo va quedando a merced de las maniobras, de los caprichos y de los intereses; en definitiva, a merced del poder que logre imponerse con más fuerza, como pasa en los regímenes antidemocráticos de toda índole y color.

En nuestro país la legalidad viene estando tradicionalmente marginada, y aunque la democratización que inició su complicada andadura hace más de 30 años ha venido logrando avances en la configuración y en la consolidación del Estado de Derecho, falta largo trecho por recorrer para que dicho Estado pueda considerarse firme y seguro en definitiva. La situación derivada del constante y creciente desafío del crimen organizado contra el régimen legal y sus instituciones es, ahora mismo, el principal punto de atención para que el Estado de Derecho no se siga deteriorando hasta llegar a ser inoperante en pleno, si no se van tomando a tiempo las previsiones pertinentes.

Hay, como hemos señalado cuando la ocasión lo demanda, impulsos renovadores que apuntan hacia un mejor ejercicio de la legalidad en el ambiente. La incipiente lucha contra la corrupción y el fortalecimiento progresivo de la transparencia son muestra de ello. Sin embargo, hay que lidiar con diversas formas de resistencia, porque los vicios bien arraigados nunca se resignan pacíficamente a ser evacuados de sus posiciones de privilegio, ganadas con toda clase de perversiones en el curso del tiempo. Esa batalla la tiene que dar la ley y la tiene que ganar la ley para que el proceso nacional vaya siempre en ruta de progreso.

El Estado de Derecho va siempre íntimamente vinculado con el régimen de libertades, y ambos deben mantenerse estables y saludables para que la dinámica democrática pueda cumplir todas las funciones que le corresponden.

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