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Hay que recuperar los territorios tomados por el crimen pero sobre todo hacer que las comunidades puedan vivir seguras

Podemos hablar ya, sin caer en la caricaturización expositiva, de un doble juego de poder en el terreno. La pugna es entre el crimen y la ley, y por más que se quiera restarle trascendencia a dicha pugna lo que tenemos a la vista es el riesgo patente de que la erosión de las estructuras institucionales provoque su colapso.
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Uno de los hechos que más afectan y trastornan la vida cotidiana de los salvadoreños a lo largo y a lo ancho del país es el control que han logrado establecer los grupos pandilleriles en prácticamente todos los espacios de nuestro territorio. Desde luego hay lugares más afectados por esa distorsión que pone patas arriba la normalidad de la vida en las comunidades, pero en verdad ninguna zona escapa al riesgo de estar a merced de los dictados del crimen, que usa los crecientes mecanismos que tiene a su disposición para hacer de las suyas con la impunidad más descarada y avasallante. Si hace algún tiempo alguien hubiera anticipado lo que hoy se está sufriendo al respecto de seguro la incredulidad hubiera esgrimido múltiples argumentos para negar que se pudiera llegar a los extremos en que hoy nos hallamos, pero la falta de estrategias correctivas y previsoras ha hecho que lleguemos al punto crítico en el que hoy nos encontramos.

Se van incrementando las voces que exigen la recuperación de los territorios controlados por las pandillas, y ese es un reclamo que proviene tanto de organizaciones que se dedican a tratar la problemática nacional como de la misma sociedad civil, porque la situación tiene repercusiones en todos los sectores y en todos los ambientes. Todo ello con el agravante verdaderamente nocivo de que la legalidad básica del país se halla atacada a fondo. Ni siquiera en la época de la guerra interna se dio una situación semejante, y el peligro de descalabro institucional es amenaza cierta que no tiene precedentes.

Estamos hablando de una cuestión de seguridad que tiene en su trasfondo un desafío de supervivencia estructural. Podemos hablar ya, sin caer en la caricaturización expositiva, de un doble juego de poder en el terreno. La pugna es entre el crimen y la ley, y por más que se quiera restarle trascendencia a dicha pugna lo que tenemos a la vista es el riesgo patente de que la erosión de las estructuras institucionales provoque su colapso.

Los mecanismos de investigación policial en el terreno se mantienen activos, y por ello no es fácilmente comprensible cómo es que no se ha podido hasta la fecha desplegar acciones debidamente organizadas y concertadas para ir limpiando y recuperando territorios en una especie de barrido continuo, que abarque todas las zonas, porque los delincuentes que son desalojados de una parte buscarán irse refugiando en otras.

Lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que los salvadoreños tengamos que vivir expuestos a infinidad de contingencias que se activan en un país fragmentado, donde el crimen establece las fronteras que convienen a sus nefastos intereses y donde la ciudadanía se halla atrapada cotidianamente en un secuestro de la peor especie. De todo esto hay que salir cuanto antes, no en forma de escape sino en forma de recuperación.

Esperamos que en el nuevo escenario político que se está formando sea factible construir acuerdos y unificar iniciativas en dicha dirección. Habría que montar una presión constructiva en tal sentido.

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